Estados Unidos realizó un ataque letal contra una embarcación de bajo perfil en el Pacífico oriental. El Comando Sur informó que la nave operaba en rutas de narcotráfico y reportó dos muertos.
Operativo tras más de dos meses
La acción fue ejecutada el domingo por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, de acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). El mando militar sostuvo que la participación activa de la embarcación en actividades de narcotráfico fue establecida mediante información de inteligencia confirmada.
SOUTHCOM divulgó un video desclasificado que muestra una pequeña nave impactada y en llamas. La institución identificó a los dos fallecidos como “narcoterroristas”, denominación empleada por el organismo militar.
El operativo es el primero de esta clase reportado en más de dos meses. Los registros conocidos ubicaban la anterior acción estadounidense contra una embarcación de estas características el 21 de junio.
Antes de que se interrumpieran las operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, las fuerzas estadounidenses habían destruido al menos 67 embarcaciones y causado la muerte de al menos 221 personas desde el inicio de la campaña Operation Southern Spear, en septiembre de 2025. Esas cifras se basan en anuncios oficiales y en un análisis de las labores de búsqueda y rescate.
Objeciones a la campaña militar
La Administración de Donald Trump ha presentado ante el Congreso esta ofensiva como parte de un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga. Bajo esa interpretación, considera a los fallecidos “combatientes ilegales” y sostiene que puede efectuar ataques letales sin supervisión judicial, con base en una determinación clasificada del Departamento de Justicia.
La misión oficial de la Operación Southern Spear permanece clasificada, de acuerdo con un informe de la oficina del inspector general del Pentágono publicado el 20 de mayo. El general Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM, afirmó que las fuerzas estadounidenses buscan interrumpir las operaciones de grupos narcotraficantes, desmantelar sus liderazgos y combatir a los cárteles en la región.
Miembros del Congreso y grupos defensores de derechos humanos han objetado la estrategia. Plantean que los sospechosos de narcotráfico deberían enfrentar procesos judiciales, como ocurría con la política de interdicción previa a la llegada de Trump a la Presidencia.
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y expertos también han cuestionado la eficacia de la campaña para modificar de forma significativa el tráfico de drogas en la región. A comienzos de este mes, el senador demócrata Tim Kaine dijo, tras revisar información clasificada, que era probable que los ataques hubieran matado ilegalmente a personas no vinculadas con el narcotráfico.
Kaine, integrante de la Comisión de Servicios Armados del Senado, pidió a Trump revisar las circunstancias de los ataques y terminar una operación que calificó de “ilegal, costosa e ineficaz”.
