Los ataques con drones en Colombia aumentaron un 146 % entre enero y mayo de 2026, al pasar de 49 a 121 frente al mismo período de 2025. La Defensoría del Pueblo reportó que estos hechos dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas y alertó sobre su expansión hacia nuevos departamentos y áreas pobladas.
Ataques con drones en Colombia
El uso de sistemas aéreos no tripulados se consolidó como una de las nuevas formas de violencia armada en zonas de conflicto, con afectaciones tanto para militares como para civiles. El reporte fue incluido en la Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, entregada al nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La Defensoría sostuvo que la expansión de estos ataques y su empleo en lugares poblados reflejan una transformación del conflicto armado. Por ello, señaló la necesidad de una estricta observancia de las normas del derecho internacional humanitario.
El documento reúne principalmente información estadística de fuentes oficiales, complementada con los registros que la entidad recoge diariamente en los territorios. Su propósito es servir de insumo para la planeación y la toma de decisiones del Gobierno y del nuevo Congreso.
Alertas en 396 municipios
La radiografía también indica que las alertas tempranas de la Defensoría alcanzan 396 municipios de los 1.100 que tiene el país. En esas zonas, la entidad advierte sobre la presencia y actuación de grupos armados y organizaciones criminales.
El informe identifica presencia permanente del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 145 municipios e intermitente en otros 115. A la vez, registra 1.002 hechos de desplazamiento forzado masivo entre 2017 y julio de 2026, que afectaron a 394.839 personas.
Sobre el reclutamiento de menores por grupos armados, la entidad recopiló 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026. El reporte incorpora además 651 masacres registradas entre 2019 y el 18 de julio de 2026, con 2.380 víctimas, con datos recopilados a partir de la ONG Indepaz.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, planteó que el documento permite ubicar fortalezas y brechas en la garantía de derechos humanos. La entidad agrupó sus preocupaciones en cinco ejes, entre ellos la violencia armada, la paz y seguridad, la degradación ambiental, la reforma rural y el pluralismo democrático.
