Colombia ya comenzó a preparar el camino hacia uno de los procesos más importantes para medir la fortaleza de su sistema financiero y judicial frente al crimen organizado. En 2028, el país será sometido a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), un examen que medirá la capacidad del Estado para prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El desafío fue uno de los temas centrales del 25° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM, donde representantes del sector financiero y expertos analizaron los principales retos que deberá enfrentar Colombia para mejorar su desempeño frente a los estándares internacionales.
La evaluación del GAFI no solo revisará si el país cuenta con leyes y regulaciones suficientes, sino que pondrá especial atención en la efectividad con la que estas normas se aplican en la práctica.
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El proceso de evaluación contempla dos grandes componentes. El primero corresponde al análisis del cumplimiento técnico, basado en 40 recomendaciones internacionales que verifican la existencia de un marco normativo adecuado para prevenir estos delitos.
Sin embargo, el segundo componente será determinante: los llamados 11 resultados inmediatos, que evalúan si las normas realmente producen resultados efectivos, reflejados en investigaciones exitosas, sanciones administrativas y condenas judiciales contra quienes participan en actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En otras palabras, no bastará con demostrar que existen leyes; el país deberá evidenciar que dichas herramientas funcionan y permiten judicializar a los responsables.
Actualmente, Colombia ocupa el puesto 59 entre cerca de 200 jurisdicciones evaluadas durante la Cuarta Ronda del GAFI, una posición que las autoridades y el sector financiero esperan mejorar en la próxima medición.
Durante la instalación del congreso, el vicepresidente Técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, aseguró que uno de los principales desafíos consiste en aumentar la efectividad del sistema judicial frente a estos delitos.
Según explicó, es necesario incrementar el número de condenas y sanciones por lavado de activos y financiación del terrorismo para que el esfuerzo realizado por las entidades financieras tenga un verdadero impacto.
Asimismo, planteó la necesidad de reglamentar de manera más clara la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, un aspecto que, según explicó, aún presenta vacíos dentro de la legislación colombiana.
Entre las propuestas también figura la creación de mecanismos más ágiles para el congelamiento de cuentas bancarias, con el fin de cumplir oportunamente las sanciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Otro de los retos identificados por Asobancaria está relacionado con la identificación de los beneficiarios finales, es decir, las personas que realmente controlan o se benefician de las empresas y estructuras societarias.
Para fortalecer este aspecto, Vera señaló la importancia de contar con una fuente oficial, confiable y accesible que permita verificar esta información.
En ese sentido, propuso facilitar el acceso de las entidades financieras al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), administrado por la DIAN, además de trabajar conjuntamente con las cámaras de comercio para mejorar la calidad y actualización de la información registrada por las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
El objetivo es reducir los espacios que puedan ser utilizados para ocultar recursos de origen ilícito mediante sociedades o estructuras empresariales complejas.
Uno de los temas que mayor preocupación genera es el crecimiento acelerado de los activos virtuales y las nuevas tecnologías financieras.
De acuerdo con Asobancaria, Colombia necesita consolidar un marco regulatorio sólido para los proveedores de servicios relacionados con criptomonedas y otros activos digitales, estableciendo reglas claras que permitan prevenir nuevos mecanismos de lavado de dinero.
Entre los riesgos identificados se encuentran el uso de stablecoins y otras herramientas digitales que evolucionan rápidamente y que podrían ser utilizadas por organizaciones criminales para mover recursos ilícitos.
