La exfiscal Lucy Laborde afirmó que Luz Adriana Camargo le propuso retirar el delito de lavado de activos de la acusación contra Nicolás Petro. Dijo que rechazó mantener solo el cargo de enriquecimiento ilícito y que después fue apartada del expediente.
Laborde situó la conversación en el despacho de la fiscal general, con la participación de la delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y Alexandra Ladino, entonces directora de Lavado de Activos. Allí, afirmó, sostuvo que existía sustento para conservar la imputación por lavado de activos.
De acuerdo con el relato de la exfiscal, Camargo preguntó por las consecuencias de una eventual condena por ese delito. Trujillo respondió que Nicolás Petro ingresaría a la Lista OFAC. Laborde aseguró que, tras esa respuesta, le plantearon conservar únicamente la acusación por enriquecimiento ilícito y establecer una pena extensa.
La propuesta contemplaba que la pena se cumpliera en una guarnición militar, según Laborde. La exfiscal dijo que se negó porque consideraba que los negocios jurídicos bajo investigación, incluidas compras de inmuebles y vehículos a nombre de terceros, buscaban dar apariencia de legalidad a dineros obtenidos ilícitamente.
Laborde indicó que recibió el expediente con la acusación ya formulada y defendió la tesis de la Fiscalía sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El proceso matriz reunía cerca de 3.400.000 evidencias, de las cuales aproximadamente 800 pruebas fueron llevadas ante un juez penal especializado de Barranquilla.
Presiones después del rechazo
Tras rechazar la alternativa, Laborde sostuvo que fue objeto de presiones y que dejó de tener las condiciones necesarias para avanzar en el caso. Relató que fue trasladada a Barranquilla, donde trabajó sin oficina propia, asistente ni investigadores, y que entregó el despacho al nuevo fiscal sin esos apoyos.
La exfiscal afirmó que le retiraron a los investigadores Víctor y Juan Camilo, a quienes consideraba determinantes para revisar la información acumulada. Ambos fueron capturados después; ella interpretó esas actuaciones como una retaliación y una afectación para el desarrollo de la investigación.
También señaló que participó en 49 sesiones de audiencia preparatoria mientras tenía otros 68 procesos asignados. Añadió que en diciembre de 2024 realizó un operativo en Bucaramanga contra 14 personas y que detectó accesos al sistema Spoa relacionados con nuevos radicados.
Laborde dijo que solicitó una auditoría y encontró registros de funcionarios de Policía, sin identificar a los investigados por la reserva de esas actuaciones. Antes de salir del caso, aseguró haber recibido propuestas de preacuerdo que incluían rebajas de pena o reducían la discusión a abuso de confianza; afirmó que no aprobó ninguna. El expediente pasó a otro fiscal e incluía radicados contra aproximadamente 18 personas, además del proceso principal.
