El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto de emergencia económica para atender a las víctimas y reconstruir las regiones golpeadas por el terremoto del 10 de agosto. La medida habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley destinados a responder a la emergencia.
Un decreto para la reconstrucción
La declaratoria cobija a 15 departamentos y se extenderá por 30 días. El decreto, de 29 páginas y con la firma de todos los ministros, sostiene que la situación exige mecanismos extraordinarios ante la magnitud de los daños y las limitaciones de las herramientas ordinarias del Estado.
De la Espriella planteó que la respuesta no se limitará a levantar viviendas. El objetivo abarca la recuperación de comercios y de infraestructura pública esencial como escuelas, hospitales y obras indispensables para las comunidades afectadas.
El mandatario señaló que el país atraviesa la situación fiscal más compleja de su historia republicana. Añadió que cerca de 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública, una carga que condiciona la capacidad de financiar la atención de la tragedia mediante el presupuesto nacional.
El decreto estima que las pérdidas totales podrían alcanzar 30 billones de pesos. Ante ese panorama, el Gobierno anunció que reducirá gastos de programas de la administración Petro que considera no prioritarios frente a las necesidades actuales, sin afectar a los colombianos más necesitados.
Pólizas y revisión constitucional
En paralelo, el Gobierno acordó con las aseguradoras agilizar las indemnizaciones y cruzar sus bases de datos para identificar a los afectados. De la Espriella afirmó que los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados y precisó que los damnificados cuentan con dos años para presentar los reclamos.
Los casos de viviendas de estratos 1, 2 y 3, así como las viviendas de interés social, tendrán atención preferente. Cuando un inmueble tenga pólizas con distintas compañías, las aseguradoras deberán coordinar el trámite entre ellas, sin trasladar esa gestión a los ciudadanos.
La emergencia permite expedir normas con fuerza de ley de manera temporal, pero las decisiones concretas que desarrollarán el decreto aún no han sido anunciadas. La declaratoria deberá pasar por la revisión de la Corte Constitucional, mientras el Gobierno avanza en las medidas para financiar y ejecutar la reconstrucción.
