El mapa de la seguridad y el orden público en Colombia se prepara para dar un giro de 180 grados. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ratificó que el próximo 7 de agosto firmará el acta de defunción de la política de ‘paz total’ heredada de la administración de Gustavo Petro. El nuevo mandatario implementará una estrategia basada en la verticalidad institucional, cerrando cualquier posibilidad de negociación política con organizaciones dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado.
Con la certificación de su elección por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el mensaje de De La Espriella para los grupos ilegales fue contundente: se les acabó el tiempo de las concesiones. A partir de su posesión, las estructuras armadas solo tendrán dos alternativas: el sometimiento estricto a la justicia o la persecución implacable por parte de las Fuerzas Militares.
“Disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”, advirtió el presidente electo en su primera declaración pública.
El fin de los beneficios y los salvoconductos
La llegada del nuevo gobierno congelará de inmediato la mesa de empalme en materia de paz. La oficina del actual comisionado, Otty Patiño, entregará un balance con procesos abiertos pero sin concluir con estructuras como el Clan del Golfo, las disidencias de Calarcá, la Segunda Marquetalia, los Comuneros del Sur y diversas bandas criminales urbanas en Medellín, Buenaventura y Quibdó. Un andamiaje que costó más de 100.000 millones de pesos y que, según la oposición, sirvió más para el fortalecimiento territorial de los grupos que para lograr desmovilizaciones definitivas.
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El primer golpe de timón de De La Espriella consistirá en frenar la suspensión de las órdenes de captura, un beneficio del que hoy gozan decenas de cabecillas. Actualmente se encuentran activos salvoconductos que cobijan a disidencias de las Farc (34 suspensiones), la Segunda Marquetalia (10) y el Clan del Golfo (3). Todos estos alivios jurídicos quedarán sin efecto, permitiendo que la Fiscalía reactive las capturas a nivel nacional e internacional.
Presión militar para forzar el sometimiento
La nueva doctrina de seguridad no otorgará estatus político a ninguna banda criminal. El plan del nuevo ejecutivo consiste en ahogar financieramente y presionar militarmente las zonas de retaguardia para obligar a los delincuentes a presentarse ante los jueces bajo condiciones estrictas: penas efectivas de cárcel, confesión total de delitos y entrega de bienes para reparar a las víctimas.
Expertos en la materia señalan que, aunque la ruta del sometimiento individual ya existe y reportó 149 casos en lo que va de 2026, el reto del nuevo gobierno será diseñar un marco de «acogimiento colectivo» a través del Congreso de la República. Juan Camilo Restrepo Gómez y Miguel Ceballos, ambos excomisionados de paz, coinciden en que se debe avanzar hacia un esquema colectivo, pero manteniendo la premisa del derecho penal donde la responsabilidad es individual, sugiriendo incluso trasladar las funciones de la Consejería de Paz hacia el Ministerio de Justicia.
Oposición interna: El Pacto Histórico defenderá los espacios
El desmonte de la política bandera de Gustavo Petro no será un camino libre de obstáculos políticos. Desde el Pacto Histórico ya se anunció una férrea defensa de los espacios de diálogo que se mantendrán activos hasta el último minuto del cambio de mando.
Isabel Cristina Zuleta, delegada del gobierno saliente en los diálogos con las bandas de Medellín, aseguró que insistirá en la continuidad del proceso bajo el argumento de que las mesas de conversación han salvado vidas en las comunas. «Si lo va a hacer el nuevo Gobierno, que lo haga. Esta delegación hará el informe y estará lista para el empalme», puntualizó la congresista, anticipando el choque ideológico y operativo que marcará el inicio de la era De La Espriella.
