La posesión presidencial en Cali que encabezará Abelardo de la Espriella el 7 de agosto reabrió el debate por el costo real del acto, después de que el presidente electo asegurara que será “inferior a la mitad” de la investidura de 2022. Los procesos publicados en Secop muestran contratos que ya suman $5.950 millones, sin incluir gastos adicionales por llevar la ceremonia fuera de Bogotá.
Contratos ya firmados y la comparación con la posesión de 2022
El eje de la discusión está en que la posesión presidencial en Cali llega con dos cifras en disputa: la promesa de austeridad del mandatario electo y los montos que ya quedaron comprometidos. De acuerdo con la información pública disponible, el Gobierno saliente dejó en firme el 25 de julio los contratos para organización del evento y su transmisión por un valor conjunto de $5.950 millones.
Ese monto queda por encima de lo que costó la posesión de Gustavo Petro en 2022 ($5.071 millones), aunque ajustado a precios de 2026 la comparación cambia: ese gasto equivaldría a cerca de $6.777 millones. Con ese cálculo, el presupuesto previsto para la ceremonia en Cali sería alrededor de un 12 % menor en términos reales.
De la Espriella sostuvo que esos contratos fueron estructurados por la administración saliente porque aún no ejerce funciones como presidente. En su transmisión dominical por redes sociales, aseguró que dio instrucciones al secretario general de la Presidencia para “ahorrar la mayor cantidad de recursos posibles” y para que no se ejecute la totalidad del presupuesto.
Operativo y restricciones: drones, más Policía y recompensa ciudadana
La ceremonia se realizará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y tendrá un despliegue especial de seguridad. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, explicó que se trabaja con autoridades nacionales, incluida Casa Militar de la Presidencia, y que llegarán 3.000 policías adicionales para reforzar Cali y el departamento, además de apoyo del Ejército.
Entre las medidas anunciadas está la restricción del vuelo de drones en Cali y municipios cercanos durante los días previos y posteriores al acto, con el objetivo de proteger el perímetro, las rutas de las delegaciones y otros puntos sensibles. El dispositivo, según lo expuesto por las autoridades regionales, incluirá tecnología antidrones para detectar posibles vuelos no autorizados.
La Gobernación también dispuso una recompensa de $500 millones para información ciudadana que permita identificar actividades sospechosas o amenazas contra el desarrollo del evento. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder dijo que el operativo recoge aprendizajes de la COP16, con corredores seguros y coordinación entre Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y que habrá garantías para la protesta pacífica.
Gastos adicionales por el traslado del Congreso y expectativa de impacto en la ciudad
Además del presupuesto contratado, el traslado a Cali implica costos que no están dentro de esos procesos. El Congreso informó que los tíquetes aéreos de los congresistas se cubrirán con recursos públicos, en una cuenta que podría estar entre $300 y $600 millones. La Secretaría General del Senado confirmó esos tiquetes, pero aclaró que no cubrirá alojamiento ni alimentación.
El gasto, sin embargo, podría moverse por decisiones políticas: la bancada del Pacto Histórico no asistiría a la ceremonia, mientras congresistas del Centro Democrático señalaron que asumirán con recursos propios sus pasajes y demás gastos. En paralelo, el representante Alejandro Ocampo defendió que esos tiquetes hacen parte de garantías institucionales cuando una sesión oficial se realiza fuera de Bogotá.
De la Espriella, por su parte, afirmó que la posesión generará un impacto económico cercano a 10.000 millones de pesos para Cali y proyectó la llegada de unos 6.000 visitantes entre delegaciones, autoridades y medios. La lista de invitados internacionales divulgada incluye, entre otros, a Javier Milei, Daniel Noboa y Nayib Bukele; además, se plantea que el rey Felipe VI encabece la delegación española y que asista el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
