La investigación de la Procuraduría en Arauca puso bajo la lupa al exalcalde Edgar Fernando Tovar Pedraza por presuntas irregularidades administrativas y de planeación en la construcción de una red de alcantarillado sanitario para el sector Bello Horizonte.
Tres funcionarios quedaron vinculados al proceso disciplinario
La actuación, abierta por la Procuraduría Regional de Arauca, también cobija a Harold Gabriel Quintero, quien fue interventor de los trabajos, y a Glaiciraima Heredia Tovar, entonces gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca, EMSERPA E.I.C.E.S.P..
Según el ente de control, el caso se relaciona con presuntos malos manejos en el seguimiento y en la etapa previa de estructuración del proyecto. La Procuraduría advirtió que los hechos habrían incidido en el desempeño del contrato y en el uso eficiente de recursos públicos.
Un proyecto con suspensiones y prórrogas: del inicio en 2023 al nuevo plazo de 2024
La obra para la red de alcantarillado sanitario, de acuerdo con la información consignada por el órgano de control, se inició el 25 de agosto de 2023. Sin embargo, durante su ejecución fue sometida a suspensiones, aplazamientos y prórrogas.
Ese encadenamiento de ajustes llevó a pactar una nueva fecha de terminación. La Procuraduría señaló que el cierre del proyecto quedó fijado para el 2 de octubre de 2024, en un contexto en el que —según su evaluación preliminar— los retrasos resultaron significativos.
Para el ente de control, la acumulación de modificaciones comprometió la ejecución “eficiente y efectiva” del proyecto. Además, indicó que la obra se financió con recursos públicos y que provendrían, especialmente, de regalías.
Supervisión, estudio de suelos y el riesgo para recursos de regalías
En el análisis que sustenta la apertura de la investigación, la Procuraduría sostuvo que, al parecer, se presentaron inconsistencias en la supervisión y en la interventoría. En paralelo, ubicó fallas en la planeación que habrían terminado impactando el cronograma y el avance de la obra.
El ente disciplinario también puso el foco en aspectos técnicos. Señaló la presunta omisión de recomendaciones contenidas en un estudio de suelos, lo que habría afectado la estabilidad del terreno y el manejo de los niveles de agua previstos para las excavaciones.
Con ese panorama, la Procuraduría concluyó que existían méritos para abrir el proceso disciplinario. El punto central, según explicó, es el riesgo que las posibles fallas habrían representado para los recursos públicos destinados al proyecto.
