La insubsistencia de Angie Rodríguez quedó oficializada con el decreto 0936 del 31 de julio de 2026, firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas. La decisión la retira del Fondo de Adaptación con efectos a partir del 1 de agosto de 2026, en medio de denuncias y señalamientos cruzados por presuntas irregularidades en el Gobierno.
Decreto 0936: la salida del Fondo de Adaptación queda en firme
El documento expedido por el Ministerio de Hacienda declara insubsistente, desde el 1 de agosto de 2026, el nombramiento de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo en el cargo de Gerente de Entidad Descentralizada, Grado 0013 del Fondo de Adaptación. El decreto identifica a la exfuncionaria con cédula de ciudadanía 1.031.142.676 de Bogotá.
La determinación se produce tras varios días de controversia pública. En ese periodo, el presidente Gustavo Petro pidió que se declarara insubsistente a Rodríguez y cuestionó su actuación como funcionaria, en un intercambio que escaló luego de que ella hiciera acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción dentro del Ejecutivo.
Según lo expuesto en los reportes, el ministro de Hacienda firmó el decreto en funciones delegatarias mientras Petro se encuentra en Cuba. La decisión formaliza la salida de una excolaboradora que llegó a ser considerada cercana al presidente durante su paso por la Presidencia, donde ocupó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Denuncia ante la Comisión de Acusaciones y choque por el manejo de recursos
Antes de la decisión administrativa, Rodríguez presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro. El escrito, radicado por su apoderado Manuel Villanueva, pidió una actuación urgente y vinculó su acusación con presiones relacionadas con el uso de recursos públicos.
En esa denuncia, Rodríguez sostuvo que existieron presiones para reorientar cerca de $1 billón asociado a recursos comprometidos con obras sociales en La Mojana. En su planteamiento, la reorientación carecía de justificación técnica y soporte fiscal, y podría encuadrar —según su versión— en el delito de peculado por aplicación oficial diferente, contemplado en el artículo 399 del Código Penal.
Otra versión de la controversia, citada en los mismos reportes, ubica el pulso institucional en un intento de desviar esos recursos hacia la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En ambos casos, el eje del conflicto se mantuvo en el destino y la legalidad de la reasignación de fondos.
Acusaciones de corrupción, señalamientos internos y respuesta de Petro
En declaraciones públicas, Rodríguez aseguró que una contratista, Juliana Guerrero, ejercía presión en varias entidades para “cobrar y pedir puestos” y para “quitar y poner gente”. También mencionó a José Raúl Moreno, jefe del despacho presidencial, y a Nohra Mondragón, directora del Dapre, dentro de sus señalamientos por supuestos manejos irregulares.
La exfuncionaria afirmó que su salud mental se deterioró en el entorno laboral y dijo haber sido víctima de “violencia de género política, violencia institucional” y acoso laboral. Además, relató que parte del conflicto se relacionó con su oposición a un nombramiento en el Ministerio de la Igualdad, al considerar que no se cumplían requisitos, un episodio que conectó con su salida del Dapre y su llegada al Fondo de Adaptación.
Petro, por su parte, desestimó las acusaciones y sostuvo en X que Rodríguez era “una gran manipuladora” y que veía la función pública en beneficio propio. En esos mensajes también aludió a una incapacidad médica por razones psiquiátricas, y pidió al ministro de Hacienda que la declarara insubsistente.
