La Procuraduría General de la Nación absolvió a Andrés Alberto Ávila Ávila, expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el proceso disciplinario que examinó una presunta desfinanciación de gastos de funcionamiento durante 2022.
La absolución de Andrés Ávila
El fallo de primera instancia descartó responsabilidad disciplinaria del exfuncionario por movimientos asociados a la nómina que superaban los más de $3.000 millones de pesos. La decisión concluyó que la conducta atribuida a Ávila era atípica.
La investigación se había abierto en 2024 por presuntas irregularidades en el manejo presupuestal de la entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado (Frisco). El expediente examinaba si pagos por conceptos no presupuestados, realizados en la vigencia de 2022, habían generado un eventual desfinanciamiento.
Decisiones fuera de su competencia
El análisis probatorio estableció que la creación de cargos, el aumento de la planta de personal y las modificaciones presupuestales no correspondían a una competencia individual de quien entonces presidía la SAE. Esas determinaciones eran atribuciones exclusivas de la junta directiva de la SAE y del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Además, la Procuraduría determinó que existía apropiación presupuestal y que la modificación del presupuesto de 2022 fue tramitada por la administración posterior. Con esos elementos, el organismo disciplinario descartó una afectación atribuible a Ávila.
La decisión señaló que no se configuraron los requisitos de tipicidad ni de ilicitud sustancial previstos en la Ley 1952 de 2019 para estructurar responsabilidad disciplinaria. Por ello, resolvió absolver al exfuncionario en este proceso.
