Juliana Guerrero admitió fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el Sigep y presentar documentos ante el Ministerio de Igualdad para aspirar al Viceministerio de Juventudes. El preacuerdo con la Fiscalía contempla una pena de tres años, inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa.
La admisión durante la audiencia
En una audiencia virtual de formalización, Guerrero afirmó que aceptaba los cargos de manera libre, consciente y voluntaria. Al explicar el alcance de la negociación, reconoció que la conducta se materializó al actualizar mi hoja de vida en el Sigep y entregar la documentación para tener la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
La Fiscalía presentó el acuerdo tras conversaciones con la defensa de la procesada. La joven, de 24 años, aceptó responsabilidad por los dos títulos de pregrado obtenidos de forma fraudulenta en julio de 2025 en la Fundación Universitaria San José.
El documento prevé que Guerrero sea condenada a tres años de prisión. Como parte de la negociación, la Fiscalía aplicó una degradación de su participación en los hechos, de autora a cómplice.
También quedaron fijadas una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos y una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes. Guerrero manifestó, además, su intención de ofrecer excusas públicas a la Fundación San José por los daños a su buen nombre.
Títulos anulados y decisión pendiente
Los diplomas correspondían a los programas de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública. Para acceder a ellos, se registraron pagos cercanos a $8 millones, entre matrículas, derechos de grado y otros trámites administrativos.
La junta directiva de la Fundación San José anuló los títulos al establecer que Guerrero no estuvo matriculada en la institución. La Fiscalía señaló que los documentos fueron usados para cumplir los requisitos exigidos para el cargo al que buscaba llegar en el Ministerio de Igualdad.
La expedición de los diplomas contó con la intervención de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución, quien ya aceptó su participación mediante otro acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a tres años. La sanción tampoco implicaría prisión.
El preacuerdo de Guerrero será sometido a decisión judicial. La negociación contempla la posibilidad de una suspensión anticipada de la pena, figura que permitiría cumplir la sanción en libertad bajo determinadas condiciones.
