La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, anunció revisiones a contratos, operadores y gastos administrativos de la entidad. Entre los asuntos examinados figuran el aumento de contratos por prestación de servicios, el arriendo de un inmueble en Sevilla y la situación de operadores de primera infancia.
Contratos del ICBF bajo revisión
Las revisiones buscan establecer si los recursos públicos se ejecutaron conforme a las necesidades de la entidad y si los contratos cumplieron sus objetivos. Uno de los puntos examinados es el crecimiento de la contratación por prestación de servicios durante la administración anterior.
De acuerdo con cifras divulgadas por el ICBF, esos contratos pasaron de 6.427 en 2022 a 9.795 en 2024. Restrepo planteó verificar la justificación de las vinculaciones, las actividades realizadas y los resultados obtenidos. El aumento, por sí solo, no demuestra que se hayan cometido irregularidades.
Otro caso es el arriendo de un inmueble en Sevilla, Valle del Cauca. Por ese contrato se habrían pagado más de 400 millones de pesos hasta julio de 2026, pese a que no se concretó el traslado previsto del centro zonal. La documentación recibida por la dirección del ICBF indica que el contrato fue prorrogado hasta octubre.
La situación motivó una solicitud de investigación ante los organismos de control para establecer posibles responsabilidades. En este caso, la revisión deberá determinar qué ocurrió con el arrendamiento y los pagos realizados.
Operadores y servicios de primera infancia
En los servicios de primera infancia, el ICBF informó que encontró contratos vencidos en 11 departamentos y operadores con procesos administrativos sancionatorios activos. La entidad emprendió revisiones orientadas a garantizar la continuidad de la educación, el cuidado y la alimentación para niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.
Las autoridades deberán determinar si hubo incumplimientos o irregularidades y, en caso de encontrarlos, establecer las responsabilidades correspondientes. Las revisiones de los operadores se centran también en la continuidad de los servicios destinados a la niñez.
En paralelo, el ICBF informó el 2 de octubre que Restrepo puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación amenazas y hostigamientos que habría recibido tras la circulación de un video de su intervención ante la Comisión Séptima del Senado. Según la directora, el video habría sido editado de una forma que alteró el contexto de sus declaraciones.
La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de esos hechos y las eventuales responsabilidades. No se ha demostrado públicamente una relación entre los autores de los ataques en redes sociales y los operadores o contratos sometidos a revisión.
