El Congreso aprobó la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella y la dejó lista para sanción presidencial. La Cámara de Representantes acogió sin cambios el texto votado por el Senado, por lo que el proyecto no tendrá que pasar por una conciliación. La iniciativa plantea reducciones de pena para organizaciones criminales que se entreguen a la justicia, sin negociación política.
La Cámara aprobó el proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra. En el Senado había obtenido 57 votos favorables y 24 contrarios. Al votar el mismo texto, ambas corporaciones cerraron el trámite legislativo: la sanción del presidente es el paso pendiente antes de que la ley pueda entrar en vigor.
El respaldo fue ajustado frente al cuórum requerido. En el Senado, el proyecto reunió cinco votos más de los necesarios para completarlo; en la Cámara, la diferencia fue de tres. Durante algunos tramos del debate, el gobierno dependió de la presencia o del apoyo de congresistas de partidos independientes.
El proyecto establece rebajas de pena de hasta el 30% para cabecillas que se sometan y de hasta el 50% para integrantes de base. Esos beneficios están sujetos a la colaboración eficaz y a la entrega de bienes ilícitos. También fija un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para cabecillas y de seis años para colaboradores.
El esquema sustituye la negociación política con grupos armados por el sometimiento a la justicia. Durante el debate, el ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que la iniciativa no permite zonas de distensión ni suspender órdenes de captura o extradición. Sostuvo, además, que quienes se sometan deberán entregar todos sus bienes ilícitos.
En el trámite se excluyó del tratamiento penal diferenciado a las personas condenadas por reclutamiento de menores de edad. El ponente Hernán Cadavid señaló que también se redujeron los beneficios relacionados con lavado de activos y que las cargas económicas del sometimiento para municipios y departamentos pasarán al Ministerio de Justicia.
El Congreso eliminó el artículo 25, que otorgaba al Ministerio del Interior facultades de contratación con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). La supresión recibió 78 votos en el Senado. El texto incorporó, además, disposiciones sobre deforestación, tala ilegal y minería ilegal en los programas de restauración ecológica.
De la Espriella agradeció al Congreso la aprobación del proyecto de prórroga de la Ley 418 de 1997. Desde la oposición, Gabriel Becerra anunció una demanda por presuntos vicios de trámite. Mafe Carrascal cuestionó la facultad del presidente para definir qué organizaciones son consideradas terroristas.
