El abogado Ricardo Ruge Cabrera denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos de multas de tránsito. La denuncia estima que las actuaciones señaladas afectarían a 7,5 millones de colombianos por comparendos que califica de ilegales.
De ese total, la denuncia calcula que seis millones figurarían como morosos o estarían embargados. Otros 1,5 millones ya habrían pagado las multas y reclaman la devolución del dinero. Las cifras corresponden al alcance estimado de las actuaciones denunciadas.
Las acciones penales y disciplinarias surgieron de un grupo de conductores que otorgó poder a Ruge Cabrera. La iniciativa cuenta con el respaldo de CONDUAPPS, asociación que reúne a más de 150.000 conductores de plataformas digitales, así como de organizaciones de transportadores de carga, camioneros y motociclistas.
La denuncia, radicada con el número 2026201305514361, señala a la Federación Colombiana de Municipios, a su presidente, Gilberto Toro Giraldo, y a estructuras vinculadas con el SIMIT y DICITEC SEM S.A.S.. Ruge Cabrera sostiene que esta empresa articulaba con la Federación y el SIMIT modelos de contratación que evitaban la licitación pública y concentraban contratos entre particulares. También denuncia presuntas irregularidades en su adjudicación y ejecución.
Las estimaciones del presunto detrimento patrimonial cambiaron con las revisiones: pasaron de $98.000 millones a $170.000 millones y, posteriormente, a una cifra cercana al medio billón de pesos. Son montos estimados dentro del caso, no una pérdida establecida como hecho probado.
Ruge Cabrera advierte que el modelo de contratación denunciado se estaría replicando en otros municipios. Cita a Florencia, Caquetá, donde, de acuerdo con la denuncia, los acuerdos asignarían el 30 % de los recursos al municipio y el 70 % al operador privado.
Sobre los recursos de las multas, la sentencia 196-08-2026, de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó su devolución. El fallo estableció que no podían ser apropiados por la Federación Colombiana de Municipios y debían transferirse a los organismos de tránsito municipales.
La denuncia también solicita actuaciones de la DIAN, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio. Los afectados crearon SIMITDEVUÉLVEMELAPLATA.COM para reunir a otros ciudadanos y promover acciones encaminadas a reclamar la devolución de recursos.
