La Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exgobernador de Amazonas Jesús Galindo Cedeño (2020-2023) y cuatro exfuncionarios del departamento, por presuntas irregularidades en la aprobación de una conciliación de $354 millones de pesos con la Unión Temporal Aseguramiento Amazonas.
El pago fue avalado sin que se exigieran garantías, a pesar de que las obras solo se ejecutaron en un 52% y presentaban fallas técnicas.
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Además del exgobernador, fueron vinculados la exjefe de la Oficina Jurídica, Marledys María Navarro Mercado (2020-2021), y los exsecretarios de Planeación y Desarrollo Territorial, John Jairo Acuña Marín (2020-2022); Hacienda, María del Pilar Chuña Rivera (2020-2021), y Desarrollo Institucional, María Lilia Cardona Augusto (2020-2021), quienes integraban el Comité de Conciliación Departamental.
Según la Procuraduría, los implicados aprobaron el pago sin exigir condiciones ni verificar los soportes documentales, lo que impidió conocer el estado financiero real del contrato.
El ente de control concluyó que los exfuncionarios pudieron vulnerar los deberes de los servidores públicos al adoptar una decisión sin contar con información suficiente para evaluar su impacto en el patrimonio del departamento.
El Ministerio Público explicó que la responsabilidad de los investigados como miembros del Comité de Conciliación les exigía evaluar de manera técnica y eficiente las propuestas antes de aprobarlas. Señaló que la oferta conciliatoria estaba “mal formulada” y carecía de documentos que justificaran su viabilidad.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó la conducta de los exfuncionarios como una falta grave cometida con culpa grave, al considerar que afectaron los principios de responsabilidad, eficacia y economía de la función administrativa. Colprensa