El presidente, Gustavo Petro, pedirá a Nicaragua entregar a su exfuncionario Carlos Ramón González, quien es buscado por la justicia ante los señalamientos en el escándalo de corrupción en la UNGRD.
El mandatario respondió ante los señalamientos de que el Gobierno habría ayudado al exdirector del Dapre a huir del país con el trámite de la renovación de los documentos migratorios que se le habían vencido.
Aunque en un primer pronunciamiento el Jefe de Estado negó que su Gobierno hubiese podido facilitar su fuga. Sin embargo, horas más tarde, aseguró que se hará la solicitud directa a Nicaragua.
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«La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país», afirmó.
Por su parte, el senador León Fredy Muñoz, exembajador en Nicaragua, dijo que González es su amigo y que en el momento que estaba en Nicaragua inicialmente, no tenía problemas con la justicia y que no ayudó a que se escapara.
“Carlos Ramón es un amigo, no negaré a un amigo. En ese momento él no tenía ninguna restricción. Lo único que deseo es que le vaya bien y tenga el derecho a la defensa, pero yo no lo ayudé a que se escapara», aseguró León a La W.
Según documentos revelados por Noticias RCN, Carlos Ramón González habría recibido apoyo para ese proceso por parte del Gobierno para huir del país, el mismo día que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por su presunta responsabilidad en ese entramado de corrupción.
Sin embargo, tanto el antiguo embajador en Nicaragua como la excanciller Laura Sarabia niegan todo lo sucedido, afirmando que no estaban informados y tampoco fueron consultados de esta gestión realizada desde la Cancillería.
Incluso en la noche del jueves, el Ministerio de Exteriores aseguró que la carta difundida por la prensa en la que la Embajada en Managua pidió se le otorgara estatus de residente a González la hizo un funcionario sin consultar y sin permiso.
Para la Fiscalía, Carlos Ramón González es uno de los implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD, al solicitar entregar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, con la finalidad de obtener apoyo a los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso.
(Colprensa)