Después de una jornada de protestas en los peajes de las principales vías del Meta, las comunidades afectadas se han mostrado dispuestas a continuar con las negociaciones y mantener un canal abierto de diálogo con el gobierno, aunque insisten en que sus demandas deben ser escuchadas de manera integral.
El acuerdo fue alcanzado durante una reunión celebrada en la Cámara de Comercio de Villavicencio, donde los representantes de las comunidades manifestaron su disposición para seguir con la protesta pacífica, pero en un marco de conversación constructiva con las autoridades.
Diálogo con las autoridades, protestas pacíficas
Los líderes de las comunidades en protesta, que llevan días bloqueando el paso en varios peajes del Meta, expresaron que no se levantarán de la mesa de concertación y que seguirán luchando por sus derechos.
Aseguran que continuarán con su manifestación pacífica hasta que sus demandas sean escuchadas y satisfechas. En este contexto, también mostraron su disposición para que la Cámara de Comercio actúe como facilitadora del diálogo entre los manifestantes y las instituciones del Estado.
Los representantes subrayaron la importancia de que el derecho a la manifestación sea respetado y que, en paralelo, se logren consensos con las entidades responsables de la infraestructura vial, como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías), y el Instituto de Concesiones.
Rechazo a propuestas de la Concesión Covioriente
Por su parte, la Concesión Covioriente, encargada de la operación de los peajes en la región, emitió un comunicado en el que detalló las propuestas realizadas a las comunidades durante más de 12 mesas de diálogo.
Según la concesionaria, la ANI había propuesto tarifas diferenciales para los habitantes de Restrepo y Cumaral, así como tarifas especiales durante los fines de semana para fomentar el turismo en la zona.
Sin embargo, los manifestantes rechazaron estas propuestas, argumentando que las soluciones ofrecidas no resuelven el problema de fondo.
“Exigimos el desmontaje total de los peajes”, señalaron los líderes de la protesta, reafirmando su postura de que el sistema de cobro en las vías del Meta es injusto para los habitantes de la región.
Impacto en el tránsito y la situación actual de los peajes
A pesar de las manifestaciones, la Policía reportó que las vías nacionales del Meta están operando con normalidad, aunque con algunos bloqueos parciales. Los peajes más afectados fueron los de las vías Villavicencio-Restrepo, Puerto López, y Acacías, donde los manifestantes levantaron las barreras y permitieron el paso de los vehículos, como parte de su protesta pacífica.
El único peaje que siguió cobrando tarifas durante la jornada fue el de Iracá, ubicado en el municipio de Granada, donde la concesionaria indicó que la operación continuaba con normalidad.
Perspectivas y próximos pasos
El futuro de las negociaciones depende ahora de la disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo. La Concesión Covioriente y la ANI han expresado su intención de seguir participando en las mesas de trabajo y en los espacios de concertación para encontrar soluciones que garanticen tanto la viabilidad del proyecto vial Villavicencio – Yopal como el respeto por los derechos de las comunidades locales.
A pesar de las tensiones, las autoridades esperan que las conversaciones continúen y que, finalmente, se logre una resolución que permita restablecer la normalidad en los peajes del Meta, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial.
Camino hacia la negociación
El conflicto en los peajes del Meta pone en evidencia las tensiones entre el desarrollo de infraestructura vial y las demandas sociales de las comunidades locales.
Aunque las protestas continúan, el hecho de que las partes estén dispuestas al diálogo ofrece una oportunidad para resolver la situación de manera pacífica y buscar soluciones justas para todas las partes involucradas.
La clave ahora será encontrar un balance entre las necesidades del proyecto vial y los derechos de los ciudadanos afectados.