Las cloacas del espionaje internacional han quedado al descubierto en pleno corazón de Europa. El Tribunal Provincial de Viena ha condenado este miércoles a 49 meses de cárcel a Egisto Ott, un antiguo alto cargo del contraespionaje de Austria, tras hallarlo culpable de operar durante años como un activo encubierto al servicio del Kremlin.
La justicia consideró plenamente probado que Ott, quien hasta el año 2017 se desempeñó como inspector jefe en la hoy extinta Oficina Federal de Protección de la Constitución y Lucha Antiterrorista (BVT), abusó de su autoridad para venderle información clasificada al Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB), la agencia heredera de la mítica KGB soviética. El veredicto del jurado lo declaró culpable de los delitos de abuso de autoridad, espionaje, malversación y cohecho, en una sentencia que aún no es firme y que el procesado ya anunció que recurrirá. En el mismo juicio, un segundo implicado recibió una pena de 15 meses de prisión.
Cacería de opositores y periodistas en suelo europeo
El entramado de espionaje ruso en Austria con Egisto Ott expone un modus operandi escalofriante. Según la Fiscalía, el exagente continuó accediendo a bases de datos gubernamentales confidenciales de forma ilegal incluso después de haber sido apartado de su cargo oficial en 2017.
Entre 2015 y 2020, Ott recopiló de manera sistemática matrículas de vehículos, direcciones de residencias y registros de viaje de personas consideradas «de alto interés» o amenazas para el régimen de Vladímir Putin. Entre sus objetivos principales figuraba un exespía ruso exiliado y el reconocido periodista de investigación búlgaro Christo Grozev.
Grozev, una de las mentes detrás del medio de investigación Bellingcat, fue una pieza incómoda para Moscú tras liderar las pesquisas que identificaron a los responsables del derribo del avión MH-17 sobre Ucrania en 2014, así como a los agentes químicos que envenenaron a los disidentes Serguéi Skripal y Alekséi Navalni. El periodista se vio obligado a abandonar Viena rumbo a Estados Unidos en 2023, luego de que las propias autoridades austriacas admitieran que sus sistemas de seguridad estaban comprometidos y no podían garantizar que Rusia no intentara asesinarlo en su propio territorio.
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Teléfonos ministeriales y el nexo con el prófugo Jan Marsalek
Los alcances de la traición de Ott fueron mucho más allá del rastreo de disidentes. La investigación judicial demostró que el exagente facilitó la entrega al FSB del contenido de varios teléfonos móviles pertenecientes a altos funcionarios del Ministerio del Interior de Austria.
Esta delicada filtración de seguridad nacional se ejecutó a través de un intermediario clave: Jan Marsalek, el empresario austriaco y exdirector de operaciones de la quebrada firma Wirecard, quien se encuentra prófugo de la justicia internacional desde 2020 por un fraude multimillonario en Alemania y de quien se sospecha fuertemente que se esconde bajo protección del Kremlin en Moscú.
Adicionalmente, el tribunal constató que Ott recibió un pago de 20.000 euros a cambio de entregarle a los rusos un ordenador portátil provisto con el sofisticado sistema de criptografía alemán SINA, el cual contenía secretos de estado de una nación de la Unión Europea. Por si fuera poco, el exagente llegó a redactar un «análisis de errores» para el espionaje de Putin tras el polémico asesinato de un exiliado checheno a plena luz del día en Berlín en 2019, con el fin de corregir los fallos logísticos de los sicarios rusos.
Terremoto político y el colapso de la seguridad austriaca
La captura de Egisto Ott, efectuada originalmente en marzo de 2024, desató una tormenta política sin precedentes en Austria, dejando en evidencia la profunda penetración de la inteligencia de Moscú dentro de los órganos de seguridad del Estado.
El escándalo sacó a la luz la debilidad institucional de una era convulsa, marcada por el paso del líder ultraderechista Herbert Kickl (FPÖ) por el Ministerio del Interior. En 2018, Kickl ordenó un polémico registro de las dependencias de inteligencia basado en un expediente anónimo; un operativo que posteriormente fue declarado ilegal pero que destruyó la confianza y los lazos de cooperación con los servicios de inteligencia de otros países de Occidente. Como consecuencia de este colapso institucional y de reputación, el gobierno austriaco disolvió la antigua BVT en 2021, dando paso a la actual Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado (DSN), un organismo que hoy intenta sanar las heridas y limpiar los rastros de la influencia rusa en sus filas.
