La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha iniciado una investigación formal contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, tras ser señalados por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Este escándalo ha sacudido los cimientos de la política colombiana, y pone en tela de juicio la integridad de altos funcionarios del Congreso, en medio de acusaciones graves por cohecho impropio y peculado por apropiación.
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Contexto
La Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de su Sala de Instrucción, ha iniciado una investigación formal contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez (ex presidente del Senado) y Andrés David Calle Aguas (ex presidente de la Cámara de Representantes), por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Motivo de la Investigación
La investigación está vinculada a irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), específicamente en relación con un esquema de sobornos. Según las autoridades, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de parte del exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez, a cambio de su apoyo en la tramitación de reformas y proyectos legislativos propuestos por el gobierno. Además, se sospecha que los recursos obtenidos fueron destinados a financiar campañas para las elecciones regionales de octubre de 2023.
Detalles del Proceso
La decisión de abrir la investigación formal se tomó después de que se evaluara la información obtenida por la policía judicial y los testimonios proporcionados por la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, la Corte determinó que existen suficientes indicios de que los congresistas pudieron haber incurrido en delitos que afectan gravemente la administración pública. Como parte del proceso, la Corte ha ordenado la citación a indagatoria de los involucrados y ha emitido órdenes para la recolección de más pruebas.
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Los cargos: Cohecho impropio y peculado por apropiación
El caso ha ganado relevancia debido a la seriedad de las acusaciones contra los dos congresistas, quienes habrían recibido sobornos millonarios a cambio de su influencia en la adjudicación de contratos de la UNGRD.
Según los testimonios del exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez, y el exdirector de la entidad, Olmedo López, los congresistas Iván Name y Andrés Calle recibieron la suma de 4.000 millones de pesos, entregados a través de intermediarios, para favorecer ciertos proyectos del gobierno de Gustavo Petro.
La Corte Suprema, tras evaluar una serie de pruebas —incluyendo conversaciones, ubicaciones y los testimonios de los exfuncionarios—, ha determinado que existen indicios suficientes para proceder con la investigación por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Las pruebas apuntan a que los sobornos fueron utilizados no solo para impulsar estos proyectos, sino también para financiar campañas políticas regionales durante las elecciones de octubre de 2023, lo que añade una dimensión política al escándalo. Los exdirectivos de la entidad aseguran que Name habría acordado un soborno de 3 mil millones de pesos, supuestamente destinados a financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.
El entramado de corrupción en la UNGRD: Testimonios clave
Los testimonios de Pinilla y López han sido fundamentales para que la Corte tome esta decisión. Según ellos, las entregas de dinero fueron realizadas en octubre de 2023, con el objetivo de financiar campañas de candidatos locales.
Pinilla detalló cómo entregó personalmente una maleta con mil millones de pesos a Andrés Calle, mientras que los otros tres mil millones fueron distribuidos entre varios actores políticos y de la UNGRD.
Los pagos habrían sido canalizados a través de contratistas vinculados a la UNGRD, como Luis Eduardo López Rosero, quien reembolsó el dinero recibido con recursos de los contratos de carrotanques adjudicados por la entidad.
Según la Corte, los pagos a los congresistas habrían sido solicitados directamente por altos funcionarios de la Casa de Nariño, entre ellos el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exsecretario del DAPRE, Carlos Ramón González.
La defensa de los implicados: Inocencia o implicación política
Iván Name y Andrés Calle han defendido su inocencia y afirman estar dispuestos a enfrentar el proceso judicial.
Name, expresidente del Senado, declaró en agosto que no huiría de la jurisdicción y que demostrará su transparencia, asegurando que nunca manchó el Congreso.
Por su parte, Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, también sostuvo que se defenderá ante la justicia, reiterando su honestidad y asegurando que no tiene responsabilidad en el caso.
Sin embargo, tanto Name como Calle están envueltos en una serie de polémicas.
Name, además de las acusaciones de corrupción en la UNGRD, enfrenta otros señalamientos relacionados con presuntos vínculos con la banda criminal Los Rastrojos, mientras que Calle ha sido vinculado a la controversia sobre los presuntos sobornos recibidos para financiar campañas regionales.
¿Qué sigue para los congresistas y la UNGRD?
El futuro de los congresistas Name y Calle ahora depende de la evolución de la investigación, que podría traer consigo nuevos arrestos o sanciones. La Corte Suprema de Justicia ya ha ordenado que ambos sean citados a indagatoria, y en el caso de que se obtengan más pruebas, el proceso judicial podría extenderse a otros funcionarios de la UNGRD y del gobierno central.
Este caso resalta la fragilidad del sistema político colombiano frente a los actos de corrupción que involucran a altos funcionarios. Las implicaciones de este escándalo podrían afectar no solo la reputación de los implicados, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de gestionar los recursos públicos.
Un caso que sacude el poder político
El caso de la UNGRD no solo destapa un supuesto acto de corrupción a gran escala dentro del sistema político colombiano, sino que también pone de manifiesto las conexiones entre el poder político, el manejo de los recursos públicos y las elecciones.
Si las investigaciones siguen su curso y se confirma la culpabilidad de los implicados, la decisión de la Corte Suprema podría tener implicaciones significativas para la política nacional, incluyendo un mayor escrutinio sobre los recursos destinados a las campañas y la transparencia en la gestión pública.
La sociedad espera que este caso sirva de ejemplo para la rendición de cuentas de los altos funcionarios, mientras la justicia se encarga de esclarecer la verdad detrás de este complejo entramado de corrupción.