Tras el hallazgo de ocho cuerpos en una fosa común en zona rural de Calamar, Guaviare, y nuevos atentados en el municipio, el Ministerio Público pidió a las instituciones estatales reforzar de inmediato la protección a la población civil, activar rutas de prevención y hacer efectiva la oferta institucional en la zona.
La Procuraduría General de la Nación instó al gobernador del Guaviare (Yeison Rojas Martínez), al alcalde de Calamar (Farid Castañeda), al comandante de la Brigada 22 del Ejército (Germán Velasco Forero), y a directores regionales de entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Prosperidad Social y el Sistema de Atención a Víctimas, a coordinar acciones para brindar asistencia humanitaria y garantizar los derechos fundamentales de la comunidad.
La entidad también exhortó a la Fuerza Pública a activar las rutas de prevención para proteger la vida de los habitantes, mantener el orden público y el respeto al orden jurídico en este municipio del sur del país.
Le puede interesar: Cenit activa plan de emergencia tras atentado al Oleoducto Bicentenario en Tame, Arauca
Además, solicitó al ente acusador adelantar de oficio la investigación penal correspondiente para identificar y judicializar a los responsables de la masacre, considerada una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
El 1 de julio, la Fiscalía confirmó el hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos, en un predio abandonado de Calamar. Según las investigaciones, las víctimas habrían sido citadas en abril por integrantes del frente ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las FARC, que las señalaban de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los asesinatos habrían sido ordenados desde el círculo cercano a alias Iván Mordisco, uno de los jefes de las disidencias. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
A la masacre se sumaron nuevos hechos violentos. Este viernes se reportó la detonación de una motobomba en Calamar, que dejó tres militares y un civil heridos. El Ejército también informó sobre un ataque con drones, al parecer cometido por disidencias, contra el Batallón de Infantería de Selva No. 24, sin dejar afectaciones en personal ni infraestructura.
El alcalde Castañeda pidió al presidente, Gustavo Petro responder con acciones concretas. Aseguró que su municipio sufre desplazamientos, confinamientos y constantes enfrentamientos armados.
El mandatario local explicó que las víctimas eran líderes sociales, presidentes de junta, pastores y representantes de organizaciones comunitarias, no combatientes. Advirtió que él mismo y otras autoridades están amenazadas y que su esquema de protección es insuficiente.
“Necesitamos la presencia del Gobierno real, no de delegados que vienen a escuchar y no resuelven nada”, expresó Castañeda, quien cuestionó publicaciones presidenciales en redes sobre celebraciones culturales en la región, justo después de la masacre.
(Colprensa)