Tres comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), imputados como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento del Huila, se integraron por primera vez a un proyecto restaurativo enfocado en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Las labores se desarrollan en el Cementerio Central de Neiva bajo la coordinación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Entre el 22 y el 27 de abril, los ex integrantes de la fuerza pública participaron en intervenciones forenses en el denominado Monumento 14, dentro del camposanto de Neiva.
Esta actividad se enmarca en el Subcaso Huila del Caso 03 de la JEP, que investiga los denominados ‘falsos positivos’ ocurridos entre 2005 y 2008.
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En este subcaso, 36 militares fueron imputados por 200 asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate, de los cuales 32 corresponden a desapariciones forzadas.
Los comparecientes, además de brindar información clave para la localización de víctimas y sus familiares, participaron en labores físicas como el acondicionamiento del terreno y la ejecución de obras civiles necesarias para la intervención forense.
La iniciativa fue articulada con la medida cautelar emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, tras una solicitud de los familiares de las víctimas.
Según concluyó la UBPD, el pabellón del Monumento 14 se encuentra en estado crítico, no cumple con los estándares técnicos y su capacidad es insuficiente para el almacenamiento de cuerpos no identificados y no reclamados.
Por ello, propuso su modificación y ampliación, incluyendo la construcción de 350 nuevos osarios y contenedores especiales para restos óseos no individualizables.
Estas actividades forman parte del Plan Nacional de Búsqueda y de los Planes Regionales que abarcan la Cordillera Oriental, la Cordillera Central y el sur del Huila. La experiencia en Neiva será evaluada para su eventual replicación en otros cementerios del departamento, como los de Pitalito y Garzón, donde también se presume la inhumación de víctimas sin identificar.
El proyecto fue presentado inicialmente en la Mesa Técnica de Promoción de Trabajos Restaurativos presidida por la Gobernación del Huila en marzo de 2024. En ese espacio, organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas como el CAJAR, OBSURDH y SAAD manifestaron su respaldo a la iniciativa por considerarla una contribución al reconocimiento del daño y al proceso de reparación.
La participación activa de los procesados responde también a los pedidos hechos durante la audiencia de reconocimiento de verdad en agosto de 2024, donde los familiares reclamaron una mayor implicación en las labores de búsqueda. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia y entidades territoriales como la Alcaldía de Neiva han acompañado este proceso.
La JEP explicó que estas intervenciones forman parte de las Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR), los cuales permiten a los comparecientes asumir responsabilidades de forma tangible y prepararse para la eventual imposición de sanciones propias. Estas acciones buscan dignificar a las víctimas y garantizar que crímenes como estos no se repitan.
En palabras del comunicado oficial, “la justicia se construye con acciones” y en ese marco, este proyecto marca un precedente en los mecanismos de justicia restaurativa que impulsa el Sistema Integral para la Paz.
(Colprensa)