A tan solo un día de cerrar el 2024, el Ministerio de Salud de Colombia ha anunciado finalmente el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año que comienza.
El ajuste para 2025 será del 5,3%, un porcentaje que se ha adaptado a la inflación debido a lo que el Ministerio considera una “baja confiabilidad de la información” proporcionada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Esta decisión ha generado una gran controversia, especialmente porque se encuentra muy por debajo del 16,9% solicitado por el gremio de pacientes y otros actores del sector.
La solicitud de un incremento del 16,9% había sido respaldada por diversos movimientos sociales y entidades como la ANDI, quienes argumentaban que dicho aumento era esencial para garantizar una atención de calidad para los más de 29 millones de afiliados al sistema de salud del país.
Sin embargo, el Gobierno ha sido enfático en su negativa, argumentando que el sistema ya está financiado y que los recursos previstos son suficientes para cubrir las necesidades del sector en el corto plazo.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la postura del Gobierno, asegurando que los análisis realizados por la cartera y las entidades competentes no respaldaban la solicitud de los 16,9%.
En entrevista con el diario El Tiempo, Jaramillo explicó que “no hemos recibido un estudio que justifique este incremento del 16%”, insistiendo en que los datos disponibles y los informes de la Superintendencia de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) no respaldaban tal cifra.
Sin embargo, empresarios, académicos y organizaciones sociales han manifestado que el incremento del 5,3% podría agravar la crisis que atraviesa el sistema de salud. De acuerdo con la ANDI, el nivel actual de siniestralidad del sistema cierra el 2024 con un faltante de 10,9 billones de pesos, lo que sugiere que incluso con el aumento solicitado, el dinero seguiría siendo insuficiente para cubrir todas las necesidades.
El impacto de este ajuste en la UPC será considerable, especialmente para los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo. Según Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, este ajuste pondría en riesgo la vida de muchas personas, quienes podrían enfrentarse a decisiones difíciles como elegir entre sus tratamientos médicos y sus necesidades básicas. Silva también advirtió que, de mantenerse este escenario, se incrementará la cantidad de EPS con indicadores negativos, lo que podría llevar a más intervenciones y liquidaciones de entidades prestadoras de salud, afectando gravemente a los usuarios.
Otro de los factores que complica la situación es la incertidumbre en torno a la reforma al sistema de salud que se discutirá nuevamente en febrero de 2025. Este contexto genera una mayor preocupación tanto en los actores del sector como en los pacientes, quienes temen que los recortes en la UPC afecten aún más la atención en salud.
El Gobierno, por su parte, justifica este ajuste a la baja señalando las deficiencias en la información reportada por las EPS. Entre las inconsistencias señaladas están los incrementos abruptos en los patrones de severidad y frecuencia de los servicios, los elevados gastos médicos sin justificación y la falta de cierre de estados financieros. Según el Ministerio de Salud, debido a estos problemas, el ajuste automático de la UPC se ha realizado tomando como base la inflación.
La decisión del Ministerio de Salud ha sido fuertemente criticada, tanto por los pacientes como por los expertos en salud, quienes insisten en la necesidad de un sistema más transparente y justo que garantice la cobertura adecuada para todos los colombianos. Desde la academia, se ha sugerido que es necesario reevaluar la metodología de cálculo de la UPC, considerando ajustes por edad, sexo, zona geográfica y condiciones de salud, para poder hacer frente de manera más efectiva a la carga de enfermedad del país.