Preacuerdo de Olmedo López; Pese a haber colaborado decisivamente con la justicia en el escándalo de corrupción de la UNGRD, el exdirector Olmedo López quedó sin protección judicial tras la improbación de su preacuerdo. La Fiscalía, que lo había presentado como testigo estrella, no apeló. ¿Se castiga al que habla?
Por Unidad de Investigación – Sistema Informativo Nación Colombia
“No se le puede exigir al ciudadano que diga la verdad si el Estado no está dispuesto a protegerlo cuando lo hace.”
Con esa frase cerró su intervención el abogado penalista José Luis Moreno Caballero, defensor de Olmedo López, durante la audiencia de verificación del preacuerdo celebrada el pasado 16 de mayo ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
El caso parecía el paradigma de la justicia premial: un testigo clave, un preacuerdo con devolución total del dinero apropiado, el aval de las víctimas y el respaldo del Ministerio Público. Pero todo se vino abajo en cuestión de minutos. El juez impropó el acuerdo con el argumento de que la pena pactada, seis años y dos meses, resultaba irrisoria frente a la magnitud del daño causado.
La decisión, por sí sola, generó polémica. Pero lo más explosivo vino después: la Fiscalía, que había liderado y defendido el acuerdo, guardó silencio absoluto y no apeló.
¿Dónde está la Fiscalía?
Durante la audiencia el fiscal de apoyo a la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, explicó detalladamente los fundamentos del preacuerdo: aceptación de cargos, reparación integral, colaboración eficaz y valor estratégico del testimonio de López.
Sin embargo, al final, y pese a la decisión adversa del juez, la Fiscalía renunció a su deber de defender procesalmente el pacto que ella misma construyó. Una omisión que deja a López a merced de un nuevo proceso, sin beneficios, sin blindaje jurídico y con la vida en riesgo.
Abogados consultados se refirieron a la no apelación de la fiscalía sosteniendo que ello “Es un silencio que suena a traición, y no solo a la defensa. Es una traición a la verdad, a las víctimas, a la justicia y al país”.
Un colaborador con nombre, rostro y amenazas
Olmedo López no es cualquier testigo. Es quien destapó la operación más escandalosa de desvío de recursos en tiempos recientes. Sus declaraciones ya han derivado en 154 actos de investigación, según palabras de la propia fiscal general Luz Adriana Camargo, y en la judicialización de congresistas, entre ellos un expresidente del Senado y uno de la Cámara.
Durante la audiencia, López tomó la palabra, visiblemente afectado, y pidió perdón a su familia, a las comunidades indígenas afectadas y a los colombianos. “No tengo miedo de asumir mi responsabilidad. Pero sí temo por mi vida. El precio de decir la verdad en Colombia puede ser la muerte”, dijo.
Su defensa recordó que ya ha sido víctima de amenazas, hostigamientos, robo de información sensible, e incluso el ingreso violento de hombres armados al apartamento de su abogado en Bogotá, en busca de documentos clave del caso.
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La justicia que castiga al que habla
Moreno fue enfático en su exposición: sin la colaboración de López, gran parte del caso estaría condenado a la impunidad. El abogado resaltó que la Fiscalía no había iniciado investigaciones sobre la red de corrupción que su defendido reveló, y que sus aportes resultaron determinantes para activar la línea más sensible del expediente: la que compromete directamente a políticos aforados.
“Durante años se investigó a los mandaderos. Hoy, gracias a López, se investiga al mandante”, afirmó Moreno.
Además, se acreditó que López devolvió el 100% de lo apropiado —más de $724 millones—, cumpliendo lo exigido por ley para acceder a beneficios penales.
Y sin embargo, ni eso bastó.
¿Y las víctimas? De acuerdo con el acuerdo
Otra de las aristas polémicas del fallo judicial es que ninguna de las víctimas —ni las comunidades indígenas, ni la UNGRD, ni la Contraloría, ni la Agencia Nacional de Defensa Jurídica— se opuso al preacuerdo. Por el contrario, lo avalaron, reconocieron la utilidad de la colaboración y consideraron satisfecha la reparación económica.
El Ministerio Público, representado por el procurador Mario Enrique Gómez, también respaldó el pacto.
Aun así, el juez consideró que la pena era simbólicamente perjudicial para la credibilidad de la justicia. El único actor que podía haber equilibrado esa visión —la Fiscalía— prefirió no decir nada.
Un precedente que puede enfriar la verdad
El caso de Olmedo López no es solo un expediente judicial. Es un test de estrés para el sistema penal acusatorio y el principio de oportunidad. Este caso puso a prueba la capacidad de la justicia colombiana para responder con coherencia, firmeza y legalidad cuando un testigo clave de una red de corrupción decide hablar, colaborar, reparar y someterse.
Y los resultados del “examen” no fueron alentadores:
- El juez rechazó el acuerdo, aun cuando cumplía requisitos.
- La Fiscalía no lo defendió, a pesar de ser su testigo estrella.
- El testigo quedó desprotegido, con la vida en riesgo.
- Y el sistema envió un mensaje negativo a otros posibles colaboradores.
¿Quién va a colaborar con la justicia en el futuro si el testigo estrella termina sin acuerdo, sin protección, y sin respaldo institucional?
“Cuando el sistema castiga más al que habla que al que calla, se está incubando la impunidad estructural”, concluyó Moreno.
Hoy, el futuro judicial de López está en el limbo. La defensa apeló la decisión, pero el daño está hecho. El mensaje ha sido enviado: decir la verdad en Colombia sigue siendo una forma peligrosa de valentía.
“Este preacuerdo era más que un beneficio judicial. Era una señal de que aún se puede confiar en la justicia. Hoy, esa señal fue apagada.”
Editorial – Nación Paisa