El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de la crisis por la intervención y el cierre de Ueno Bank. La decisión llegó mientras avanzaba una acusación para someterlo a juicio político. El Senado deberá resolver si acepta la dimisión o si continúa el proceso aprobado por la Cámara de Diputados.
La crisis de Ueno Bank
El Banco Central del Paraguay intervino la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. El procedimiento dejó congelados los ahorros de usuarios del banco, que tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.
La situación también alcanzó a recursos públicos depositados en Ueno Bank, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social, encargado de las pensiones de gran parte de los trabajadores paraguayos. Peña había sido accionista del Grupo Vázquez, principal accionista del banco, hasta que vendió su participación en marzo de 2025.
En un mensaje difundido en redes sociales, Peña afirmó que presentó su renuncia pensando en la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones. También dijo que su prioridad era la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros al sistema financiero y pidió disculpas si había fallado al pueblo.
El Senado decide sobre Peña
La crisis bancaria derivó además en una acusación impulsada por 35 legisladores de oposición y disidentes del oficialismo. El documento atribuye al mandatario un presunto «grave y sistemático mal desempeño de sus funciones» y solicita retirarle la investidura mediante el mecanismo de juicio político previsto en la Constitución.
La Cámara de Diputados aprobó avanzar con ese proceso en una sesión extraordinaria: 78 legisladores votaron a favor, por unanimidad. La decisión trasladó el trámite al Senado, mientras la renuncia presentada por Peña abrió otra resolución pendiente para la misma cámara.
Horacio Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana, anunció el respaldo del Partido Colorado al juicio político. Su pronunciamiento se produjo pese a que esa formación llevó a Peña a la Presidencia en 2023. El mandatario había asumido en agosto de ese año para un período de cinco años.
La distinción entre las dos vías tiene efectos para Peña: una destitución por el Senado le quitaría los fueros y protecciones especiales, mientras que la aceptación de su renuncia se los conservaría. La Cámara Alta tiene pendiente pronunciarse tanto sobre la dimisión como sobre la acusación aprobada por los diputados.
