Luego de que la Fiscalía los imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá por presuntos actos de corrupción, los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla González y del Interior Luis Fernando Velasco se declararon inocentes de su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.
Bonilla aseguró que cumplió cabalmente con sus funciones como ministro de Hacienda: “Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito, no tengo nada que negociar con la Fiscalía”, aseguró.
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Por su parte, Velasco cuestionó que la Fiscalía no le explicó los hechos por los que se le investigan claramente.
“Estoy muy confundido porque cómo me voy a defender si me señalan de comprar ocho congresistas y no sé cuáles son. Me señalan de más de 600.000 millones en contratos y no sé a qué congresistas se les ofrecieron y a cambio de qué, y me hablan de convenios que se firmaron en 2021 cuando yo ni siquiera era ministro”, aseguró.
En ese sentido, le pidió a la Fiscalía confrontar las versiones de los ya condenados Olmedo López y Sneyder Pinilla con las que ellos entregarán, porque está seguro de que la perspectiva va a cambiar.
La fiscal María Cristina Patiño explicó que tanto Bonilla como Velasco presuntamente hicieron parte de un entramado criminal para desviar contratos de entidades como la UNGRD y el Invías, a cambio de destrabar créditos públicos y proyectos de reformas del Gobierno Nacional en el Congreso.
A cambio de ello, explicó la Fiscalía, comprometieron la entrega de 79 proyectos a senadores y miembros de la Cámara de Representantes que sumaban $612.000 millones. Sin embargo, solo siete de ellos se habrían concretado.
“Lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Plantearon las líneas bases del modus operandi, que en grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”, explicó la fiscal.
Entre las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder están, por ejemplo, que para lograr el apoyo de la reforma pensional, el exministro Velasco pidió a Olmedo López apoyar esa reforma, presentarse al debate para entregar contratos y ampliar las mayorías en esa comisión.
Pero también las órdenes que presuntamente le dio Bonilla a la exasesora María Alejandra Benavides, y que lo vincularían presuntamente con el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones. Se trata de contratos asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Los delitos por los que tendrán que responder son concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Colprensa
