La revocación de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados pasó a ser una prioridad operativa del Gobierno de Donald Trump: el Departamento de Justicia planea presentar al menos 250 casos para octubre, según un alto funcionario del organismo citado por CNN.
Un salto en el ritmo de demandas y una meta para octubre
En menos de dos meses de 2026, el Departamento de Justicia ya presentó 29 casos de desnaturalización contra ciudadanos nacidos en el extranjero, a quienes acusa de haber obtenido la ciudadanía mediante fraude. En paralelo, abogados litigantes civiles revisan expedientes adicionales para ampliar el volumen de demandas, de acuerdo con el mismo funcionario.
El incremento contrasta con el ritmo de años anteriores: entre 2008 y el 12 de junio de 2026 se registraron 166 denuncias de desnaturalización, un promedio anual de menos de 10, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. El funcionario del Departamento de Justicia añadió que las fiscalías federales podrían presentar “varios cientos de casos más”.
Los procesos pueden tramitarse por vía civil o penal, y la ley federal permite revocar la ciudadanía si la persona hizo declaraciones falsas durante la naturalización o si la obtuvo ilegalmente, es decir, sin cumplir los requisitos. Estos casos no aplican para quienes nacieron en Estados Unidos y adquirieron la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El memorando de 2025 y la reasignación de recursos en el Departamento de Justicia
La administración formalizó su enfoque en un memorando de junio de 2025 firmado por el secretario de Justicia Adjunto Brett Shumate. Ese documento enumeró 10 categorías prioritarias, entre ellas casos vinculados a seguridad nacional, crímenes de guerra, fraude y delitos graves no declarados durante el trámite de naturalización. El texto aclara que las categorías orientan prioridades, pero no limitan qué casos puede impulsar la División Civil.
La unidad encargada de revocación de ciudadanía cuenta con 12 abogados, que llevan un volumen de casos pendientes y derivaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Según el alto funcionario, el rezago incluye fraude de identidad, condenas previas, crímenes de guerra y terrorismo.
Para sostener el aumento de litigios, el Departamento de Justicia ha recurrido a abogados de otras áreas de la División Civil, incluidos especialistas en fraude civil y funcionarios designados políticamente en la oficina principal. Además, las fiscalías estadounidenses reciben casos y los distribuyen por el país según el lugar de presentación.
Qué tipo de casos busca priorizar Trump y qué advierten expertos
Entre los expedientes ya presentados bajo la administración Trump figuran personas acusadas de fraude, abuso sexual de un menor o de haber expresado apoyo al terrorismo antes o durante el proceso de naturalización. El funcionario sostuvo que la prioridad está en quienes mintieron sobre antecedentes penales o sobre actos delictivos en curso al solicitar la ciudadanía.
“Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el liderazgo firme del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso”, dijo el secretario de Justicia interino Todd Blanche en un comunicado de junio.
Stacey Young, exfuncionaria del Departamento de Justicia y directora ejecutiva de Justice Connection, advirtió que el Gobierno puede acelerar el inicio de demandas, pero que el trámite judicial seguirá siendo un obstáculo para una desnaturalización masiva por la complejidad y el tiempo que exigen estos procesos.
Si un tribunal revoca la ciudadanía, la persona vuelve al estatus migratorio previo; en general, recupera la residencia permanente, aunque también podría enfrentar un proceso de deportación según los motivos del caso. El profesor de derecho Daniel Kanstroom señaló que el énfasis en estas acciones es “potencialmente preocupante”, pero añadió que los casos presentados hasta ahora suelen encajar en los que han impulsado administraciones anteriores. El estándar probatorio, recordó, exige evidencia clara y convincente por criterios establecidos por la Corte Suprema.
