La transparencia de la administración pública en el departamento del Magdalena vuelve a quedar en el ojo del huracán. María José Navarro, actuando en su calidad de ciudadana, ha interpuesto una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación , solicitando que se investigue con urgencia una presunta red de participación indebida en política y constreñimiento al sufragante que operaría al interior de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.
QUEJA ANTE PROCURADURÍA ALCALDÍA DE SANTA MARTA
La acción legal apunta directamente de forma principal al mandatario local, Carlos Alberto Pinedo Cuello. Sin embargo, la solicitud de investigación se extiende a secretarios de despacho, directores de institutos, gerentes de empresas públicas, coordinadores y contratistas que resulten vinculados con los presuntos hechos ilícitos.
¿Cómo funcionaba la presunta estructura de presión política?
De acuerdo con el expediente entregado a los entes de control, todo se originó a raíz de una serie de evidencias y denuncias anónimas que alertaban sobre prácticas irregulares dentro de la alcaldía. La acusación principal sostiene que se diseñó y coordinó una estructura organizada con el fin de obligar al personal del Distrito a sumarse activamente a campañas políticas, específicamente en favor de una candidatura presidencial de sectores de derecha.
Lejos de tratarse de colaboraciones de carácter voluntario, los testimonios sugieren que los funcionarios y prestadores de servicios eran supuestamente presionados bajo la amenaza directa de que la continuidad de sus contratos, renovaciones o el desembolso de honorarios pendientes dependían de su asistencia a estas jornadas. De corroborarse jurídicamente esta situación, se estaría frente a una violación flagrante a la libertad del voto y a los principios rectores de la función pública.
«Tomas de barrios y semáforos»: Las pruebas presentadas
Entre los elementos materiales probatorios que la denunciante aportó ante la Fiscalía y la Procuraduría, destacan detallados cronogramas y agendas institucionales que dividían las responsabilidades de proselitismo por dependencias. Los documentos adjuntos contienen listados explícitos denominados «Toma de Barrios» y «Toma de Semáforos».
También le puede interesar: Agresiones a agentes de tránsito: Alcaldía de Acacías advierte posibles sanciones penales y pide respeto
En dichos listados aparecen asignadas secretarías clave como Gobierno, Salud, Seguridad, Educación, Promoción Social y Cultura, entre muchas otras. A cada sector administrativo se le fijaban fechas, horarios específicos fuera y dentro de la jornada laboral, y puntos de concentración exactos a lo largo y ancho de la capital del Magdalena para realizar volanteos, plantones y caravanas.
Alertas en el sector salud y plataformas digitales de control
La denuncia no se limita al trabajo de campo en las calles. También se entregaron capturas de pantalla de conversaciones en la aplicación WhatsApp donde presuntamente se evidencia el control ejercido. En una de las comunicaciones institucionales se lee textualmente sobre presuntas presiones al interior de los Equipos Básicos de Salud adscritos a la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend.
Sumado a esto, las alarmas se encendieron ante el hallazgo de un enlace hacia un portal web externo llamado «votaciones.xyz». Según las pruebas recolectadas, a los contratistas se les asignaban credenciales de acceso (usuario y contraseña) con la tarea obligatoria de cargar un mínimo de 20 registros de potenciales votantes en Santa Marta, haciendo un seguimiento estricto de su puesto y mesa de votación antes de las fechas límite establecidas.
Solicitud de investigación inmediata
Ante la contundencia de los soportes documentales y digitales, la denunciante urgió a la Fiscalía General de la Nación a activar el Grupo de Delitos Electorales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos para que determine si se configuraron delitos como corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y uso indebido de datos personales.
Por su parte, se instó a la Procuraduría a iniciar una indagación disciplinaria preferente contra el alcalde Carlos Pinedo Cuello y su gabinete , solicitando además medidas preventivas que blinden a los trabajadores de la alcaldía frente a represalias laborales o contractuales mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes. Corresponderá ahora a la justicia verificar la autenticidad del material probatorio y dictaminar las responsabilidades individuales oportunas.
