Las propuestas de De la Espriella y Cepeda para la segunda vuelta presidencial han quedado bajo la lupa en medio de una campaña en la que ambos candidatos llegan sin haber asistido a debates. Una recopilación de iniciativas “disruptivas o polémicas” publicada por El Colombiano pone el foco en sus planes de gobierno y en los cuestionamientos que ya han generado.
Seguridad y Estado más pequeño: los ejes más controvertidos del plan de De la Espriella
En materia de seguridad, Abelardo De la Espriella ha insistido en la construcción de 10 megacárceles “aisladas” y “sin señal de comunicaciones”, con el objetivo de impedir que desde allí se coordinen extorsiones y otros delitos. La propuesta ha provocado dudas por su financiación y por el paralelo con el modelo de cárceles impulsado por Nayib Bukele en El Salvador, que ha recibido cuestionamientos internacionales por derechos humanos.
Sobre los recursos para esas prisiones, el candidato plantea concesiones mixtas con participación de sector privado nacional y “actores internacionales”, mediante concesiones del Estado. También ha planteado que privados puedan asumir la administración de esos espacios, mientras el monopolio de la fuerza seguiría en manos del Estado.
Otra de sus banderas es reducir el tamaño del Estado entre 25 % y 40 %. El tema lo ha defendido su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien ha dicho que no se puede tomar una decisión de fondo sin revisar la realidad económica y financiera de cada institución. En esa línea, se ha hablado de eliminar embajadas, consulados y ministerios.
Fracking, coca y organismos multilaterales: las apuestas que más ruido han hecho
En medio ambiente, De la Espriella propone implementar el fracking, una técnica de perforación para extraer petróleo y gas natural. El texto cita que el sindicato USO en Ecopetrol ha sostenido que esa técnica sería necesaria para garantizar la continuidad de las reservas energéticas y la viabilidad de la empresa estatal a largo plazo.
En su propuesta sobre drogas, su programa de gobierno plantea que Colombia llegó a 330.000 hectáreas de coca y a una producción potencial de más de 3.000 toneladas de cocaína. Desde un eventual gobierno suyo, plantea volver a “todas las formas de erradicación”, incluida la fumigación aérea y la sustitución manual, además de destrucción de laboratorios, interdicción en corredores estratégicos y persecución de finanzas y cabecillas, con extradición “a la mayor brevedad”.
En política exterior, el candidato ha dicho que revisaría la permanencia del país en algunos organismos multilaterales. “Ni la ONU ni la OEA me gustan. ¿Eso de qué ha servido a Colombia?”, afirmó en una entrevista, y añadió que está inclinado a revisar esos vínculos para reducir gastos que considera innecesarios y redirigir recursos a programas internos.
Cepeda: acuerdo nacional, cambios institucionales y continuidad de reformas
En seguridad, Iván Cepeda plantea “diálogos de paz eficaces” con resultados verificables y medibles, y sostiene que no permitirá que el diálogo se use como estrategia para fortalecer militar o económicamente a las organizaciones armadas. En su plan, propone mover el énfasis de la Fuerza Pública hacia la presencia integral del Estado en los territorios y habla de una ley de sometimiento para grupos que no entren en la categoría de diálogo político.
Otro punto es su insistencia en un “acuerdo nacional”. Según la recopilación, antes de la primera vuelta Cepeda fue ambiguo sobre si ese acuerdo derivaría en una Asamblea Nacional Constituyente; después, ya en segunda vuelta detrás de De la Espriella, se moderó y dijo que no la perseguiría. En todo caso, sostuvo que el diálogo nacional se desarrollaría con movilización y “poder constituyente” fortalecidos, y mencionó mecanismos que “pueden ser” una constituyente o reformas por vía expedita.
En el plano institucional, el documento citado señala que Cepeda impulsará la eliminación del Consejo Nacional Electoral y la creación de una corte electoral autónoma e independiente. Además, su programa plantea profundizar cambios impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro, incluyendo la intervención de las EPS en el sistema de salud. Sobre el Banco de la República, Cepeda lanzó críticas a la Junta Directiva por las tasas de interés, aunque después defendió la autonomía del Banco de la República como principio constitucional.
