La Junta eleva su pulso por los menores migrantes no acompañados y prepara una ofensiva jurídica y judicial contra el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y contra el Ministerio del Interior por las derivaciones a la región.
La Junta anuncia recursos contra las derivaciones a Extremadura
El vicepresidente de Vox en Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, aseguró que el sistema estatal de reparto es “injusto” y “discriminatorio” y que está llevando al límite los recursos autonómicos. Según explicó, la comunidad ha recibido en los últimos días varios traslados y espera nuevas llegadas en las próximas semanas.
Fernández sostuvo que la situación ya no responde a acuerdos voluntarios entre administraciones, sino a decisiones obligatorias impulsadas por el Ejecutivo central. En ese marco, avanzó que la Junta recurrirá por vía administrativa y judicial cada derivación que considere contraria a sus intereses, con el foco puesto en exigir responsabilidades por la llegada de menores a través de esos traslados.
En cifras, el dirigente autonómico situó en 106 menores migrantes no acompañados los tutelados actualmente por la comunidad. Con los traslados previstos, dijo, la cifra podría subir hasta 113. La presidenta María Guardiola, por su parte, reiteró en sede parlamentaria que Extremadura seguirá acogiendo menores “conforme a la ley”.
Pruebas de edad y choque de cifras en el sistema de protección
Uno de los ejes del anuncio fue la determinación de edad. Fernández defendió incrementar las pruebas para verificar si algunas personas son realmente menores y afirmó que desde 2023 un total de 73 migrantes que inicialmente habían sido registrados como mayores en el centro de acogida de Mérida pasaron al sistema de protección de menores tras acreditar después su minoría de edad.
Guardiola respaldó ese enfoque y aseguró que las pruebas se realizan cuando existen dudas y con autorización de la Fiscalía. También aportó datos del Servicio Extremeño de Salud: 329 pruebas de edad practicadas, con un resultado del 79% eran mayores de edad, lo que, según su versión, supone 260 personas adultas intentando acceder a recursos reservados para menores.
La presidenta defendió que su Gobierno busca “seguridad jurídica” y que la protección depende de que las plazas destinadas a niños no las ocupen quienes no lo son. Además, recordó que su Ejecutivo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto estatal sobre el reparto de menores migrantes.
Quintana defiende los protocolos y la oposición denuncia criminalización
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, rechazó las acusaciones y defendió el funcionamiento de los mecanismos de identificación y acogida en el Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) de Mérida. Explicó que las personas llegan registradas inicialmente como adultas y que los protocolos se activan cuando manifiestan ser menores y se realizan pruebas.
Quintana aportó sus propios datos: entre 2024 y 2025, 222 personas afirmaron ser menores y, tras los exámenes, solo 34 fueron reconocidas como tales y derivadas a la Junta para su tutela. También dijo estar “absolutamente tranquilo” ante el anuncio de acciones judiciales y recordó el reparto competencial: el Gobierno se ocupa de mayores y las comunidades, de menores.
En el debate parlamentario, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, acusó al Ejecutivo regional de asumir postulados “racistas” y de criminalizar a menores que, según recordó, llegan en situación de vulnerabilidad. Además, cuestionó que la Junta hable de sistema al límite con algo más de un centenar de menores atendidos y comparó ese volumen con otros procesos de acogida asumidos por la región en años recientes.
