El plan de gobierno de Iván Cepeda quedó consignado en un documento de 118 páginas para el periodo 2026-2030, publicado a dos semanas de la segunda vuelta. La propuesta ordena sus medidas por sectores y, en el frente económico, plantea tres pactos —productivo, social y fiscal— con revisión de exenciones tributarias y un compromiso de volver a la regla fiscal en 2028, según explicó Clara López.
Un documento más breve que ordena la propuesta en tres ejes
Iván Cepeda presentó un plan de gobierno titulado “Tres revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, organizado en tres ejes: Revolución Ética, Revolución Social y Económica, y Revolución Política y Poder de la ciudadanía. El texto reúne propuestas en economía, salud, educación, paz, seguridad, lucha contra la corrupción y participación ciudadana.
La publicación marca un cambio frente al material que hasta ahora circulaba como referencia programática de su campaña: un documento de 432 páginas que compilaba principalmente discursos, intervenciones públicas y mensajes territoriales. Con la nueva versión, el candidato ofrece un programa más compacto y estructurado por medidas de política pública.
El plan, además, plantea continuidad con el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el documento, la intención es consolidar, profundizar y ajustar el camino iniciado por la actual administración, pero con un texto más organizado y de lectura más directa en la recta final electoral.
Clara López pone el acento en el “pacto fiscal y productivo”
En entrevista con La FM, Clara López —a quien Cepeda anunció como líder del equipo económico en un eventual gobierno— explicó que la propuesta se apoya en la sostenibilidad fiscal, la promoción de la producción nacional y un diálogo orientado a la reindustrialización. López describió el corazón del enfoque como un “pacto fiscal y productivo” para financiar políticas sociales mediante el sistema tributario y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad macroeconómica.
Entre los componentes, mencionó una reforma agraria y rural para soberanía alimentaria y fortalecimiento de la agroindustria con empleo y valor agregado, además de “territorializar” el crecimiento con facilidades de crédito, infraestructura y logística. También subrayó la política industrial para recuperar capacidades productivas y aumentar el valor agregado nacional, con ejemplos como la pérdida de capacidades industriales en áreas como la producción de vacunas.
Sobre impuestos, López afirmó que el plan no contempla elevar la tarifa general de renta del 35%. En cambio, propone una tarifa diferencial y una revisión “beneficio por beneficio” de exenciones y beneficios tributarios: “Los privilegios se van a eliminar”, dijo, mientras que los incentivos que aporten productividad se mantendrían. También planteó una tarifa especial para pequeñas y medianas empresas, con el argumento de que enfrentan mayores costos relativos y barreras para formalizarse.
López añadió que el plan reconoce un problema fiscal y plantea el compromiso de “regresar a la regla fiscal en el año 2028” mediante un proceso gradual y concertado. Según su explicación, la estrategia incluiría un plan de acción respaldado por organismos multilaterales y entidades de crédito.
Qué aparece —y qué no— en el nuevo plan, según el texto
En la sección fiscal, el documento incorpora un diagnóstico de ingresos, gasto y deuda. Señala que los ingresos del país equivalen al 22% del PIB, frente al 34% promedio de la Ocde, y que el gasto tiene 93% de inflexibilidad. También sostiene que la deuda pública neta pasó de 33% a 60% del PIB en una década.
A partir de ese marco, el programa propone reducir progresivamente el déficit fiscal con mayor recaudo efectivo, lucha contra la macrocorrupción y menores costos de financiamiento. En tributación, plantea revisar el estatuto tributario, eliminar exenciones sin justificación, aumentar la tributación efectiva sobre altas rentas y grandes patrimonios, revisar regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos, y aplicar fiscalidad digital a grandes plataformas.
Uno de los puntos más concretos del frente económico es el salario mínimo. El plan conserva la idea de incrementos reales, pero plantea que estén vinculados a productividad y costo de vida, con diálogo entre Estado, empresarios y trabajadores. En paralelo, el documento deja por fuera como eje visible propuestas que han generado debate, como una eventual asamblea constituyente, modificaciones al Banco de la República o la implementación de inversiones forzosas.
