Las denuncias contra Iván Cepeda llegaron al CNE por presuntas irregularidades en eventos masivos realizados en la recta final de la campaña presidencial, en medio de la restricción que limita el proselitismo en espacios públicos durante el silencio electoral.
Qué investiga el CNE sobre los eventos de campaña
Las acciones fueron interpuestas por ciudadanos que consideran que la campaña habría incumplido la norma que prohíbe actividades proselitistas en espacios públicos desde ocho días antes de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral deberá estudiar los casos y determinar si hubo violación de las disposiciones vigentes sobre propaganda y reuniones públicas.
Una de las denuncias fue presentada por Santiago Arango. En el documento radicado ante el CNE, el ciudadano señala que el 25 de mayo de 2026 se realizó un evento político en Sincelejo (Sucre), en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, y que esa actividad habría desconocido las reglas aplicables en los últimos días de campaña.
La campaña de Cepeda, por su parte, ha sostenido que el evento se hizo en una propiedad perteneciente a una asociación de trabajadores y que, por eso, tendría carácter privado. Con ese argumento, el equipo del candidato afirma que la actividad no estaría cobijada por las restricciones que rigen para espacios públicos.
Benedetti cuestiona cómo se interpreta la participación en política
La discusión por los límites de la participación política también se trasladó al debate sobre el comportamiento de funcionarios públicos en campaña. En entrevista con Caracol Radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió que la infracción se configura cuando un servidor público actúa “en contra de lo que está escrito” y utiliza su cargo, recursos del Estado o subordinados para favorecer electoralmente a un candidato.
Benedetti afirmó que expresar públicamente una preferencia política no necesariamente constituye una falta disciplinaria o electoral. En cambio, sostuvo que sí habría participación indebida si se usaran recursos estatales o mecanismos de presión, como amenazas laborales contra funcionarios públicos por no respaldar a un candidato.
El ministro también calificó como “obsoleta” la legislación colombiana sobre participación en política de funcionarios públicos y la describió como una “ley hipócrita”, al compararla con modelos de otros países donde los jefes de Estado pueden intervenir abiertamente en campañas o respaldar sucesores políticos.
La Procuraduría refuerza advertencias y Arrieta pide reacción inmediata
En ese mismo ambiente de campaña, el procurador general Gregorio Eljach reiteró un llamado dirigido a servidores públicos y contratistas del Estado: la ley prohíbe “de manera tajante” cualquier tipo de participación indebida en política. La Procuraduría ha advertido sobre conductas como usar el cargo para intervenir en controversias políticas, presionar a subordinados o ciudadanos, o emplear recursos y bienes públicos con fines electorales.
Eljach subrayó además que “es improcedente el uso de las plataformas o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”. Según la entidad, el énfasis está en prevenir riesgos y fijar reglas claras antes de que escalen los conflictos durante la campaña, más que en sancionar cuando el daño ya esté hecho.
La Procuraduría mencionó como antecedente la decisión de abrir una investigación y suspender provisionalmente a Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití, por presunta participación indebida en política tras expresar públicamente su apoyo a uno de los candidatos presidenciales.
Por su parte, el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta advirtió que las normas actuales son claras y criticó la idea de considerar redes sociales como espacios privados. Para Arrieta, estas plataformas son un instrumento de comunicación masivo y, si el mensaje llega al público y proviene de un servidor público, “debería estar censurada”. También cuestionó la defensa basada en escenarios cerrados para realizar actos masivos en la última semana de campaña y la calificó como una “tinterillada”.
