El caso Leire Díez vuelve a tensionar la política nacional: el PP da por probable que el juez Santiago Pedraz acabe imputando al PSOE como persona jurídica por organización criminal, al considerar que la investigación apunta a pagos vinculados a una presunta trama para torpedear procedimientos judiciales.
El PP centra su estrategia en la “agenda judicial” que rodea al Gobierno
La dirección del PP sostiene que los próximos movimientos en los tribunales pueden suponer un salto en las investigaciones que afectan al PSOE. En Génova aseguran que el siguiente hito debería ser la imputación del partido en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional en torno a la exmilitante socialista Leire Díez, un escenario que los populares vinculan a los pagos que atribuyen al PSOE para “actividades ilegales”.
Ese cálculo forma parte de una estrategia más amplia: el PP confía en que el deterioro político del Gobierno de Pedro Sánchez llegue por el avance de las causas judiciales. Sin embargo, en la cúpula popular dicen no esperar que, si se produce esa imputación, los socios parlamentarios del Ejecutivo retiren su apoyo. “El límite de los socios se va moviendo”, afirma un dirigente del núcleo duro del partido, que también menciona a Junts y al PNV como aliados que, en su opinión, sufrirán desgaste por sostener a Sánchez.
En paralelo, el PP descarta por ahora activar una moción de censura, pese a que la idea se mantiene “en la recámara”. Según el relato interno del partido, el objetivo es insistir en la corrupción del PSOE y capitalizar el impacto político de las actuaciones judiciales que se acumulan en la agenda pública.
Las diligencias de Pedraz en la Audiencia Nacional y el foco en Santos Cerdán
El PP está personado como acusación popular en la causa y sostiene que el juez Pedraz ha dado pasos que apuntan a la eventual imputación del partido. Entre ellos, destaca el envío de la UCO a la sede del PSOE en Ferraz para reclamar “toda la información disponible” sobre la “agenda institucional” de Santos Cerdán, además de documentos, archivos o agendas.
El instructor también requirió, respecto a Cerdán y otras personas del partido, el contenido de correos electrónicos corporativos, sus accesos a la sede de Ferraz y sus gastos de comidas y viajes. Según lo recogido en la investigación, Pedraz sostiene que hay indicios de que desde el PSOE o su entorno se realizaron pagos a la exmilitante y a otros investigados, presuntamente bajo el liderazgo de Cerdán, al que atribuye la “unidad de acción y dirección” de la supuesta red de corrupción.
En ese contexto, el PP enmarca otras citas judiciales que sitúa en el radar de los próximos días, entre ellas la prevista para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el 17 y 18 de junio tras haber sido citado como imputado, según la agenda mencionada por los populares.
Reacciones de aliados del Ejecutivo y efecto en el CIS tras el caso Leire Díez
Las revelaciones sobre reuniones de Leire Díez en la sede de la Fiscalía General del Estado han activado también reacciones en el Congreso. El 11 de junio, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que la exmilitante estaba “mandatada” por la dirección del PSOE, al tiempo que comparó esa actuación con intentos de “imitar” prácticas que atribuyó al PP y al entorno del excomisario José Manuel Villarejo.
Desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, pidió “más explicaciones y responsabilidades” a sus socios del PSOE por el caso, y dijo estar convencido de que “todo se va a esclarecer”. En la misma línea crítica, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó de “absolutamente inaceptable” que el PSOE pretenda combatir el ‘lawfare’ y las llamadas “cloacas del Estado” —en su opinión, existentes— “con las mismas herramientas”.
En el plano demoscópico, el CIS de junio —presentado como el primer barómetro tras la imputación de Zapatero y los avances del caso Leire Díez— mantiene al PSOE como primera fuerza, pero le atribuye una caída de cinco puntos, del 36,4% al 31,3% del voto válido. El PP sube 2,2 puntos, hasta el 27,1%, y la distancia entre ambos se reduce a 4,2 puntos, según esos datos.
