La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer posibles responsabilidades de dos funcionarios relacionados con la ejecución y supervisión de un contrato de obra para la construcción de la Institución Educativa Cerritos – El Hobo, ubicada en el departamento del Guaviare.
La decisión del Ministerio Público busca esclarecer si durante el desarrollo del proyecto se presentaron irregularidades en la supervisión, el control contractual y el seguimiento técnico de las obras, así como posibles omisiones en actuaciones administrativas posteriores que habrían afectado la correcta ejecución del contrato.
La investigación fue abierta contra Enrique Carlos Posada Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como representante legal de la firma Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., encargada de la interventoría del proyecto, y contra Juan Guillermo Vélez Peralta, quien ejercía funciones como supervisor del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).
Según informó la Procuraduría, los hechos objeto de análisis están relacionados con un contrato celebrado entre el Consorcio FFIE Alianza BBVA, en calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, y el Consorcio Instituciones del Guaviare, responsable de ejecutar las obras de infraestructura educativa.
