El abogado de Roger Mina Carbonero anunció que presentará denuncias penales contra Roberto Ortiz ante la Fiscalía General de la Nación por hechos que, según su versión, se habrían dado en Cali el 7 de julio a las 6:00 p. m.. La defensa del gerente de EMCALI pidió que el caso se investigue como posibles delitos contra la administración pública, en el marco de señalamientos sobre el contrato de alumbrado público de la ciudad.
Un señalamiento por una reunión en Jardín Plaza y presuntas presiones por contratación
La acción penal fue anunciada por el abogado del gerente general de EMCALI, quien sostuvo que los hechos habrían ocurrido en una oficina del Centro Comercial Jardín Plaza, en Cali. En su comunicado, la defensa planteó que allí se habría producido una reunión entre el concejal Roberto Ortiz y Mauricio Tabares.
De acuerdo con esa versión, el encuentro habría estado relacionado con un supuesto interés en “acomodar” el contrato de alumbrado público de Santiago de Cali y con presiones desde el Cabildo hacia el gerente de EMCALI. El abogado afirmó que esa situación podría constituir injerencias indebidas sobre la directiva de la empresa.
El anuncio de las denuncias se apoya, según el mismo comunicado, en señalamientos de conocimiento público y denuncias difundidas en redes sociales, además de un correo anónimo recibido por el abogado, que incluía detalles como la hora y el lugar de la presunta reunión.
Qué delitos pide investigar la defensa en las denuncias penales contra Roberto Ortiz
En el documento, el abogado indicó que acudirá a la Fiscalía para que se indague la posible comisión de conductas punibles previstas en la Ley 599 de 2000, a partir de los hechos atribuidos al concejal.
La defensa solicitó que se evalúe si se configuraron delitos como constreñimiento ilegal (artículo 182 del Código Penal), por presuntas presiones e intimidaciones orientadas a afectar la voluntad del gerente de EMCALI.
También pidió que se examine un eventual tráfico de influencias de servidor público (artículo 411), en caso de confirmarse el aprovechamiento del cargo de concejal para intentar incidir en decisiones administrativas y contractuales. Además, mencionó el posible interés indebido en la celebración de contratos (artículo 409), por un supuesto direccionamiento o provecho ilícito en la contratación de luminarias y alumbrado público.
Videos, trazabilidad de comunicaciones e inspecciones: las pruebas que solicitarán
Para verificar la materialidad de los hechos y establecer responsabilidades, la defensa anunció que pedirá actuaciones urgentes de investigación. Entre ellas, inspecciones judiciales y la extracción de registros y cámaras de seguridad del centro comercial.
El abogado también señaló que solicitará a la Fiscalía la caracterización de esquemas de seguridad y la trazabilidad de comunicaciones de los involucrados. En el comunicado se menciona, además, que se presume la presencia de otros particulares interesados.
En su cierre, la defensa planteó como punto central esclarecer si las críticas y ataques proferidos desde la corporación pública sobre la contratación en la ciudad corresponden al control político legítimo o si, por el contrario, harían parte de una estrategia de coacción asociada a intereses particulares.
COMUNICADO DE PRENSA
Radicaré denuncias penales en contra del concejal de Cali, Roberto Ortíz, por hechos presuntamente ocurridos el pasado 7 de julio
En mi calidad de abogado del señor Roger Mina Carbonero, Gerente General de EMCALI, informo a la opinión pública que radicaré ante la Fiscalía General de la Nación las denuncias penales correspondientes para que se investigue la presunta comisión de conductas punibles consagradas en la Ley 599 de 2000, relacionadas con los hechos que habrían tenido lugar el pasado martes 7 de julio a las 6:00 p.m. en una oficina del Centro Comercial Jardín Plaza en Cali.
Esto, a raíz de los señalamientos de conocimiento público y denuncias en redes sociales, sumado a un correo anónimo enviado a mi dirección de email, en donde se indicaron detalles tales como hora y lugar de la reunión entre el concejal Roberto Ortiz y el señor Mauricio Tabares, para presuntamente acomodar el Contrato de alumbrado público en la ciudad de Cali, presionando desde el Cabildo al Gerente General de EMCALI, señor Roger Mina. Esto representaría presiones e injerencias indebidas sobre la directiva de EMCALI.
Por lo anterior, esta defensa solicitará las actuaciones de investigación para determinar si en la reunión se pudieron configurar delitos contra la administración pública y la administración de justicia, tales como:
Constreñimiento ilegal (Art. 182 C.P.): Por el presunto uso de presiones indebidas e intimidaciones encaminadas a constreñir la voluntad del Gerente General de EMCALI.
Tráfico de influencias de servidor público (Art. 411 C.P.): En caso de confirmarse presuntamente el indebido aprovechamiento del cargo o la investidura de concejal para pretender incidir en decisiones administrativas y contractuales.
Interés indebido en la celebración de contratos (Art. 409 C.P.): Al pretender, supuestamente, direccionar u obtener provecho ilícito en la adjudicación de la contratación de las iluminarias y alumbrado público de Santiago de Cali.
A efectos de verificar la materialidad del delito y la responsabilidad de los implicados, la defensa solicitará a la Fiscalía la práctica urgente de inspecciones judiciales, la extracción de registros y cámaras de video de seguridad del centro comercial, la caracterización de los esquemas de seguridad y los esquemas de trazabilidad de comunicaciones de las personas involucradas donde incluso se presume la presencia de otros particulares interesados.
Resulta prioritario esclarecer si las sistemáticas críticas y ataques que desde la corporación pública se han proferido en relación con la contratación pública de la ciudad obedecen al legítimo control político o si, por el contrario, constituyen una estratagema de coacción sustentada en espurios e hidrópicos intereses particulares.
Esta defensa técnica adelantará todas las acciones procesales que en derecho correspondan para salvaguardar la honra, la integridad institucional y el estricto cumplimiento del principio de legalidad.
