Las acciones legales contra el concejal Roberto Ortiz fueron anunciadas por Luis Gustavo Moreno Rivera, abogado penalista y apoderado del doctor Roger Mina Carbonero, quien sostiene que declaraciones atribuidas al cabildante afectan la honra y el buen nombre de su cliente y podrían comprometer su seguridad y la de su familia.
Tres frentes: vía penal, civil y constitucional
En un pronunciamiento, Moreno Rivera afirmó que su representado lo facultó, como persona natural, para ejercer “todas las acciones penales, civiles y constitucionales a que haya lugar” frente a los señalamientos que atribuye a Ortiz. En ese marco, sostuvo que “no todo vale” en el ejercicio del control político.
El abogado citó garantías de la Constitución Política relacionadas con honra, buen nombre, debido proceso y presunción de inocencia, con referencia a los artículos 15, 21 y 29. Además, recordó que el Código Penal contempla delitos como la injuria y calumnia, mencionando los artículos 220 y 221, cuando se imputan hechos deshonrosos o conductas punibles sin sustento.
El alumbrado público de Cali, en el centro del choque con Roberto Ortiz
El apoderado ubicó el origen de la controversia en la discusión sobre el alumbrado público de Cali. Señaló que, durante cerca de veinticinco años, el servicio estuvo a cargo del mismo particular y que la modernización no avanzó al ritmo esperado por la ciudad.
También afirmó que alrededor de ese operador hubo cuestionamientos públicos y que fue mencionado en declaraciones rendidas dentro de procesos relacionados con grupos armados ilegales. Con ese antecedente, calificó de contradictorio que Ortiz “pretenda desviar el debate” con señalamientos graves, sin aportar pruebas contra quienes hoy ejercen funciones públicas.
Moreno Rivera añadió que, si el concejal sostiene que existen delitos o “direccionamiento contractual”, debe acudir a las autoridades competentes y llevar elementos de soporte. En paralelo, anunció acciones de responsabilidad civil para buscar la reparación integral de perjuicios, con base en el artículo 2341 y siguientes del Código Civil, y planteó que sea la justicia la que determine la verdad y eventuales responsabilidades.
