El congelamiento del gasto público será la primera orden fiscal del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella: el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que expedirá un decreto el 7 de agosto para frenar la ejecución de partidas y revisar rubros antes de que arranquen.
El diagnóstico fiscal que sustenta la decisión, según Gómez Martínez
En entrevista con SEMANA, Gómez Martínez justificó la medida en un desbalance entre gasto e ingresos que, afirmó, se viene cubriendo con deuda. Según las cifras que entregó, entre enero y abril el Estado habría estado gastando 40 billones de pesos al mes, mientras recauda alrededor de 28 billones de pesos.
El ministro designado sostuvo que el gobierno saliente expidió un decreto de austeridad, pero aun así —en sus palabras— “están gastando a dos manos”. También cuestionó el aumento del endeudamiento y dejó una comparación para ilustrar su punto: “un bebé al nacer hoy en Colombia ya debe 20 millones de pesos”.
La idea, explicó, es que Hacienda intervenga gastos cuya ejecución todavía no haya empezado. En esos casos, dijo, el ministerio puede modularlos o congelarlos mientras “se ordenan” las finanzas, y por eso ya revisan presupuestos de grandes sectores para ubicar posibles recortes.
Subsidios y contratos por OPS: dónde se concentraría la revisión del gasto
Gómez Martínez aseguró que los subsidios dirigidos a poblaciones vulnerables “no se van a tocar”. Sin embargo, planteó que revisarán si hay beneficiarios “colados”, en una depuración que, según su planteamiento, buscaría proteger los apoyos sin ampliar presiones fiscales por filtraciones.
En cambio, concentró sus críticas en la contratación por órdenes de prestación de servicios. Citó cifras de la Contraloría General para señalar que en enero de 2026, antes de la Ley de Garantías, se firmaron 523.000 contratos por 33 billones de pesos, y cuestionó la “opacidad” para establecer cuántos podrían corresponder a favores políticos.
Deuda, tributaria y empalme: otra disputa que se cruza con el congelamiento del gasto
Además del freno inicial al gasto, el ministro designado dijo que desde el 7 de agosto buscarán reperfilar la deuda, es decir, mover vencimientos de corto plazo para extenderlos. En su estimación, la deuda pasó de casi 900 billones de pesos en 2022 a unos 1.300 billones de pesos, y afirmó que en meses recientes se han hecho operaciones a tasas que describió como inusualmente altas para la Nación.
En materia tributaria, anticipó que su primera apuesta será simplificar el Estatuto Tributario y reducir el número de tributos administrados por la Dian. También mencionó exenciones y deducciones que estimó en unos 140 billones de pesos al año, y habló de niveles de evasión que atribuyó a cálculos de la Dian en IVA y renta.
Gómez Martínez afirmó que propondrán eliminar el impuesto al patrimonio y dijo que pedirán al Congreso que no tramite una reforma tributaria por 30 billones de pesos que, según él, el Gobierno Petro presentará el 20 de julio. Todo esto ocurre en paralelo al empalme en la Casa de Nariño: el 3 de julio, Gustavo Petro dijo en redes sociales que aceptó el triunfo electoral de De La Espriella —elegido el 21 de junio— para evitar hechos de violencia. Ese mismo día, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo aseguró que su equipo trasladó “ocho alertas”, entre ellas la situación fiscal.
Desde el Gobierno saliente, el coordinador del empalme y ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó lo que se ha dicho sobre el trámite. Sostuvo que la información “debe ser oficial” y consideró “parcial” el trabajo del equipo entrante, al señalar que no contaría con información institucional actualizada.
