La Contraloría General de la República reconsideró la decisión que atribuía responsabilidad fiscal a la exgerente del IDURY y actual secretaria de Planeación de Yopal, Narda Consuelo Perilla Alonso, por su labor de supervisión en el proyecto habitacional Torres del Silencio, en Yopal. La determinación la excluye del monto de aproximadamente $12.380 millones que le había sido imputado en primera instancia.
Recurso cambió la decisión
El fallo inicial fue emitido en julio de 2026 y vinculó a Perilla dentro de un detrimento patrimonial calculado en $18.718 millones para el proyecto. Su abogado defensor, Gonzalo Ramos, presentó un recurso de reposición y, de manera subsidiaria, una apelación contra esa decisión.
La defensa sostuvo que la actuación de Perilla, quien fue supervisora del convenio, no estuvo marcada por una conducta gravemente culposa. Ramos afirmó que la Contraloría valoró que su actividad fue decisiva para tramitar informes de incumplimiento y concluyó que actuó de manera diligente.
Uno de los puntos examinados fueron 23 pagos realizados entre junio de 2013 y junio de 2015, periodo durante el cual Perilla ejerció funciones de supervisión. Ramos precisó que su participación consistía en aportar una de las tres firmas requeridas para avalar los desembolsos y no en recibir los recursos.
El abogado cuestionó que se le atribuyera responsabilidad sin pruebas de que conociera, antes de autorizar los pagos, las fallas estructurales, los problemas de sismorresistencia o las condiciones de habitabilidad que posteriormente afectaron a la obra. También señaló que los desembolsos estaban respaldados entonces por informes técnicos de la interventoría.
Proceso fiscal continúa abierto
Ramos indicó que Perilla emitió informes de incumplimiento que llevaron a la Alcaldía de Yopal a activar actuaciones frente al contratista. La defensa también alegó una contradicción en la valoración de los informes de interventoría, pues esos mismos insumos sirvieron para exonerar al interventor y habían sido empleados inicialmente para atribuir responsabilidad a la supervisora.
Con la nueva determinación, Perilla queda por fuera de la responsabilidad fiscal que le había sido asignada. El abogado sostuvo que la decisión es definitiva para Narda Consuelo Perilla Alonso, mientras el expediente mantiene vinculados a otros investigados cuyas situaciones deberán ser revisadas en la instancia correspondiente de la Contraloría.
Torres del Silencio fue concebido para beneficiar a alrededor de 400 familias de Yopal, pero enfrentó problemas técnicos y estructurales. La obra fue investigada por la pérdida de recursos públicos destinados a su construcción y las estructuras afectadas fueron demolidas en julio de 2026.
La revisión del caso no cierra el proceso fiscal en su conjunto. La definición sobre los demás investigados queda pendiente en la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República, mientras avanzan alternativas habitacionales para las familias afectadas por las deficiencias de la obra.
