La resiliencia del sistema eléctrico quedó reglamentada con la Resolución 40333 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, que fija una hoja de ruta para anticipar riesgos y, si los operadores incumplen plazos, permitir que terceros ejecuten obras de expansión para reforzar el servicio.
La Resolución 40333 de 2026 fija una hoja de ruta
El Gobierno Nacional expidió la Resolución 40333 de 2026, con la que establece por primera vez lineamientos de resiliencia para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). El objetivo es fortalecer la infraestructura eléctrica, anticipar vulnerabilidades y garantizar un suministro de energía “seguro, confiable y continuo”.
La norma busca preparar al sistema para eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto, como fenómenos climáticos extremos, fallas técnicas, ataques cibernéticos y otras situaciones que pueden afectar la prestación del servicio. En esa línea, plantea que las entidades del sector identifiquen riesgos e incorporen obras prioritarias en los planes de expansión.
Terceros podrán desarrollar proyectos si los operadores no ejecutan obras
Uno de los cambios más relevantes es que la regulación permitirá que terceros desarrollen proyectos de expansión cuando los operadores de red no ejecuten las obras requeridas dentro de los plazos establecidos. Con esa puerta, el Gobierno apunta a acelerar inversiones consideradas necesarias para fortalecer el sistema eléctrico nacional.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo que la seguridad energética no puede depender solo de reaccionar ante emergencias. En su explicación, la clave es anticipar riesgos, fortalecer la infraestructura y asegurar que el suministro siga llegando de manera confiable a hogares, industrias y regiones del país.
Ciberseguridad, redundancia y recuperación del servicio: el paquete de medidas
La resolución incluye la creación de una metodología nacional para identificar vulnerabilidades del sistema eléctrico. También ordena incorporar criterios de redundancia y resiliencia en el diseño de nuevas subestaciones y líneas de transmisión, con el fin de aumentar la capacidad de respuesta de la red ante contingencias.
Además, fija medidas para fortalecer la ciberseguridad del sector eléctrico, definir planes de recuperación del servicio y ejecutar obras estratégicas que incrementen la capacidad y la confiabilidad de la red. El paquete también apunta a modernizar la planeación de la expansión eléctrica, en función del crecimiento de la demanda y los efectos del cambio climático.
De acuerdo con Palma, la transición energética también implica construir un sistema más resiliente, con criterios técnicos orientados a reducir vulnerabilidades y promover inversiones que apunten a un servicio más seguro, continuo y confiable para los usuarios.
