El coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, oficial activo del Ejército, fue capturado en el Cantón Norte de Bogotá por una orden judicial dentro de una investigación por presuntos nexos con el ELN y la Segunda Marquetalia. Quedó a disposición de las autoridades por delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo, cohecho y material de guerra.
La captura en el Cantón Norte
La diligencia se realizó en una vivienda ubicada dentro de la instalación militar. Allí se hizo efectiva la orden de captura y se practicó un registro y allanamiento autorizados judicialmente. En el procedimiento participaron el Ejército, la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación y el Gaula Militar Arauca.
Pérez Amorocho deberá responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El Ejército confirmó que la captura obedeció a una orden judicial de la Fiscalía. La institución indicó que brindó garantías para el procedimiento, con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
Los hechos que revisa la investigación
Las indagaciones siguieron durante varios años movimientos, contactos y actuaciones dentro de unidades militares. El expediente busca establecer si, desde posiciones de mando, se entregó información operacional, se facilitaron acciones de grupos armados y se movieron armas y municiones a cambio de dinero.
La investigación se concentra en los presuntos vínculos del coronel con el Frente de Guerra Oriental del ELN, con presencia en Arauca, y con el Bloque Occidental Alfonso Cano de la ‘Segunda Marquetalia’, que opera en Nariño.
Los hechos revisados corresponden a los periodos de 2019-2020 y 2024-2025. Durante esos lapsos, Pérez Amorocho estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, respectivamente.
La hipótesis investigativa plantea que el oficial habría recibido dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por distintas actuaciones. Entre las líneas que deberán sustentarse ante los jueces están el supuesto tráfico y comercialización de armas y municiones, la entrega de información sensible y clasificada sobre operaciones militares y posibles acciones para favorecer a integrantes de esas estructuras durante operaciones de la Fuerza Pública.
