El Congreso estudiará un proyecto que concedería a Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar ministerios y entidades nacionales mediante decretos con fuerza de ley, si la iniciativa completa su trámite legislativo.
Cambios a la estructura estatal
La iniciativa fue radicada por la senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo. Su aprobación habilitaría al Ejecutivo para crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir o liquidar organismos de la Administración Pública Nacional, sin que cada modificación requiera un trámite legislativo independiente.
El alcance propuesto comprende cambios en la naturaleza jurídica, los objetivos y las funciones de las entidades. También contempla la redistribución de recursos humanos y presupuestales, ajustes a las plantas de personal, reasignación de competencias y reestructuración de organismos nacionales.
El proyecto coincide con la meta gubernamental de pasar de 18 a 13 ministerios dentro de su estrategia de austeridad. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la reducción y una eventual fusión de carteras serán una realidad, aunque no detalló cuáles dependencias entrarían en ese proceso.
Los promotores calculan que las modificaciones podrían generar un ahorro permanente del 2% del producto interno bruto, cercano a $42 billones. Han planteado que esos recursos podrían destinarse a infraestructura, programas sociales, educación y una eventual reducción de impuestos.
Límites de las facultades
La autorización no permitiría aumentar el gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación. Quedarían excluidas la creación de tributos, las modificaciones a la regla fiscal y los cambios al régimen salarial de los servidores públicos.
La eventual reorganización tampoco abarcaría la Rama Judicial, los organismos de control, la organización electoral ni los órganos autónomos. El Banco de la República, las universidades autónomas y las corporaciones regionales con regímenes especiales también permanecerían por fuera de las decisiones previstas.
Tras su elección, De la Espriella anunció en julio una primera reorganización de la Presidencia de la República. La medida eliminó dependencias con funciones duplicadas, entre ellas la Consejería de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, y redujo 229 cargos.
El 28 de agosto, el presidente ordenó una revisión integral de la estructura estatal para identificar duplicidades, rediseñar entidades, estudiar supresiones o fusiones, simplificar trámites y disminuir el gasto de funcionamiento. Como antecedente, la Ley 790 de 2002 otorgó facultades extraordinarias a Álvaro Uribe Vélez y permitió fusionar seis ministerios, al pasar de 16 a 13. En esta ocasión, las facultades solo entrarían en aplicación después de que el Congreso complete el trámite del proyecto.
