La Fiscalía imputó a siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales, por una presunta red de exportaciones ficticias que habría servido para justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito. Los cargamentos de aceite de palma, soya y derivados figuraban como enviados a Ecuador, aunque presuntamente nunca cruzaron la frontera.
Las operaciones investigadas se realizaron entre 2020 y 2023. Los productos aparecían registrados como exportados por el puente internacional de Rumichaca, en Nariño. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los documentos de esas ventas permitían presentar recursos llegados del exterior como pagos por mercancías enviadas al mercado ecuatoriano.
El dinero provenía de Estados Unidos, España, Panamá y Perú. La cifra investigada corresponde a recursos cuyo ingreso al país habría sido respaldado por las operaciones cuestionadas; la Fiscalía busca establecer su procedencia y la responsabilidad individual de quienes participaron en ellas.
En el esquema habrían intervenido cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las comercializadoras figuraban como responsables de los cargamentos, mientras que la agencia tramitaba las declaraciones y demás documentos de exportación. La Fiscalía sostiene que funcionarios de la DIAN en Ipiales habrían certificado la salida de mercancías que no cruzaron la frontera.
Los cuatro funcionarios capturados son Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay. También fueron detenidos Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales vinculadas con las operaciones investigadas.
Las capturas se realizaron en Ipiales y Cúcuta. Los siete detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que declaró legales los procedimientos de captura. La Fiscalía les imputó, según la presunta responsabilidad individual de cada uno, lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.
A los cuatro funcionarios de la DIAN también se les imputó falsedad ideológica en documento público por su presunta intervención en las certificaciones. La legalización de las capturas no constituye una condena: la responsabilidad penal de los procesados deberá definirse durante el proceso judicial.
La Fiscalía remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las operaciones. La investigación continúa centrada en el origen de los recursos y en el papel que habría desempeñado cada procesado.
