El exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Sneyder Pinilla fue imputado nuevamente por su participación en el entramado de corrupción que afectó a la entidad.
Esta vez, el exfuncionario tendrá que responder por el presunto direccionamiento de contratos en el departamento de Córdoba.
La investigación reveló que Pinilla, entre agosto y diciembre de 2023, junto a otros dos funcionarios de la subdirección general orientaron cinco órdenes de proveeduría para el suministro de horas de volquetas y maquinaria amarilla con sus interventorías. El objetivo era mitigar emergencias en Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas.
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Todo ello por un valor de $8.671 millones, los cuales no fueron desembolsados a los contratistas. En ese contexto, Pinilla habría tramitado y avalado la contratación con particulares no registrados en la lista de proveedores de la UNGRD, que fueron seleccionados previamente por un funcionario de la entidad.
Pinilla ya había sido condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión por su participación en el entramado de corrupción que afectó a la entidad. Sin embargo, las investigaciones en su contra continúan.
En ese acuerdo, el exsubdirector se comprometió a devolver $618 millones que se habría apropiado ilegalmente. Dinero que ya reintegro.
Tanto Pinilla como el exdirector de esa entidad, Olmedo López, quien también firmó un preacuerdo, aceptaron su responsabilidad en la malversación de recursos públicos y se comprometieron a aportar información clave sobre los responsables y la estructura de la operación ilícita.
Los demás implicados también llegaron a acuerdos con la Fiscalía.
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal«, como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El pastuso«, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
(Colprensa)