El Ejército Nacional respondió a una denuncia pública de la Junta de Acción Comunal de Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta. Afirmó que la operación militar conjunta se realizó en Itilla, Calamar, Guaviare, y activó protocolos de verificación para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados.
Operación militar en Itilla
La institución sostuvo que la acción se dirigió contra el Grupo Armado Organizado residual Estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá. En la operación murió Luis Carlos Mojica Guzmán, alias Rafael, a quien el Ejército identificó como integrante del anillo de seguridad de alias Rogelio Benavides, señalado por la institución como cabecilla de esa estructura.
El Ejército afirmó que no se reportaron operaciones militares en Guaduales Nueva Esperanza, vereda del municipio de La Macarena, Meta, en la fecha a la que se refiere su pronunciamiento. También reportó la incautación de material de guerra durante la acción en Itilla.
De acuerdo con la institución, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó las actuaciones en el lugar. El Ejército indicó que esa entidad cuenta con evidencia física y material probatorio que, según su versión, demostrarían la función continua de combate del fallecido. También mencionó procedimientos relativos al cuerpo, los elementos hallados y entrevistas a la población.
Verificación de la denuncia comunal
Ante las solicitudes relacionadas con el caso, el Ejército dijo que activó protocolos de verificación para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Añadió que atenderá los requerimientos de información de los agentes del Ministerio Público y las autoridades judiciales a través de sus instancias tácticas y operacionales competentes.
Sobre la población civil que se encontraba cerca del lugar de la operación, la institución expuso de manera preliminar que la tropa habría adoptado medidas preventivas para protegerla y efectuar verificaciones de seguridad. Esa afirmación quedó sujeta a lo que establezcan las investigaciones.
El Ejército sostuvo que no corresponde dar una calificación jurídica definitiva a las actuaciones denunciadas, entre ellas las referidas como retención o secuestro, antes de que las autoridades competentes determinen las circunstancias concretas. Según los informes citados por la institución, la maniobra transcurrió sin tratos crueles, inhumanos o degradantes. La verificación anunciada y los requerimientos de las autoridades quedan como pasos pendientes en el caso.
