La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó a ejecutar sanciones restaurativas mientras el presupuesto previsto para 2027 abre una discusión sobre los resultados del tribunal, sus costos y la capacidad de llevar las sentencias a los territorios.
Recursos de la JEP para 2027
El presupuesto contemplado para 2027 es inferior al que la jurisdicción solicitó para cumplir sus funciones y ejecutar las sentencias, ha advertido el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. El magistrado también ha sostenido que una reducción de recursos podría afectar el cumplimiento del mandato de la entidad.
En la discusión presupuestal, el senador Enrique Gómez propuso trasladar $100.000 millones de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente esa iniciativa. Sus promotores plantean fortalecer la justicia ordinaria y cuestionan los resultados de la justicia transicional.
La controversia por la financiación coincide con una etapa en la que la jurisdicción busca cerrar sus principales investigaciones y poner en marcha las primeras sanciones restaurativas. La ejecución de esas decisiones pasa a ser un punto de evaluación para un modelo que prevé medidas diferentes a las penas tradicionales de prisión cuando los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad.
La ejecución empieza en territorios
En septiembre de 2026, integrantes del antiguo Secretariado de las FARC iniciaron trabajos comunitarios derivados de decisiones de la JEP. Ese comienzo abre una fase centrada en el cumplimiento de las medidas, los resultados verificables de las obras restaurativas, las restricciones de derechos y las responsabilidades que deberán trasladarse a los territorios.
Para preparar esa ejecución, el Ministerio de Justicia anunció en julio de 2026 más de $20.000 millones para los primeros proyectos restaurativos vinculados con sanciones impuestas a 19 comparecientes que reconocieron responsabilidad. El Gobierno también informó la realización de más de 40 mesas técnicas.
La JEP fue creada como componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tras el Acuerdo de Paz de 2016. Investiga, esclarece y sanciona los crímenes más graves del conflicto armado, bajo un esquema en el que el reconocimiento de verdad y responsabilidad tiene un lugar central.
Las sanciones propias no son la única posibilidad dentro del modelo. Las demás medidas dependen del comportamiento procesal del compareciente. Con las primeras acciones comunitarias en marcha, la atención se concentra en cómo se materializan las decisiones y en los elementos que puedan ser comprobados por las víctimas en los territorios.
Resultados y gasto acumulado
Luego de investigaciones, acreditación de víctimas, audiencias e imputaciones, la jurisdicción ha identificado a 367 personas como máximos responsables y ha producido imputaciones, de acuerdo con las cifras divulgadas por la propia entidad. Entre sus decisiones están las relacionadas con los secuestros atribuidos a las antiguas FARC y los llamados falsos positivos.
El debate no se limita a la existencia de esas actuaciones. Los críticos cuestionan la velocidad de los procesos y la eficacia de las sanciones, mientras otras víctimas han valorado decisiones de la jurisdicción. Las posiciones continúan divididas sobre el alcance del tribunal y sus resultados.
El funcionamiento de la JEP también ha incrementado su costo: en 2018 destinaba cerca de $110.797 millones a ese rubro; la cifra llegó a $390.545 millones en 2023, ascendió a $494.225 millones en 2024 y alcanzó $550.211 millones en 2025.
Durante 2025, la entidad ejecutó el 99,3 % de su presupuesto y reportó miles de víctimas con representación judicial, además de cientos de audiencias y diligencias. El aumento del gasto ha llevado la discusión a la relación entre los recursos públicos, el avance de los procesos y la ejecución efectiva de las sentencias.
El exdiputado Sigifredo López, víctima de secuestro por las FARC, ha cuestionado públicamente el funcionamiento y el costo de la JEP. También promovió una iniciativa de firmas para impulsar su eliminación. En paralelo a ese debate, la ejecución de los trabajos restaurativos y de las restricciones de derechos marcará la siguiente etapa de evaluación del tribunal.
