La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, llegó este lunes a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración en calidad de testigo en el proceso penal que se adelanta contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por presuntos sobornos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
A su llegada, con un fuerte esquema de seguridad, a la diligencia que se lleva a cabo en el despacho del magistrado Francisco Farfán Molina, la exconsejera presidencial guardó silencio ante los medios de comunicación.
Ortiz, cercana al entorno político del Gobierno de Gustavo Petro, fue citada a declarar luego de que solicitara ser escuchada por la Corte tras romper las conversaciones de colaboración que adelantaba con la Fiscalía.
La exfuncionaria expresó por escrito su voluntad de aportar información en el proceso que investiga un supuesto entramado de pagos ilegales destinados a asegurar el apoyo legislativo a las reformas del Ejecutivo.
Según el expediente del alto tribunal, Ortiz habría recibido $3.000 millones de pesos en efectivo, presuntamente entregados por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, en el Hotel Tequendama de Bogotá, y posteriormente trasladados al edificio donde reside Iván Name, el 13 de octubre de 2023.
Este monto habría sido parte de una estrategia para garantizar el respaldo del entonces presidente del Senado a las reformas del sistema pensional y de salud.
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La Corte Suprema concluyó que el dinero habría salido de anticipos girados al contratista Impoamericana Roger SAS, como parte de un contrato para la provisión de carrotanques en La Guajira. El contrato fue dirigido por Olmedo López, entonces director de la UNGRD, y ejecutado bajo presunta manipulación para desviar recursos públicos hacia fines políticos.
En el caso de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, el tribunal señaló que habría recibido $1.000 millones el 14 de octubre de 2023 en un apartamento en Montería. Los fondos habrían sido utilizados para financiar las campañas de su padre y su hermano en Córdoba, durante las elecciones regionales de octubre.
Los abogados de Name y Calle pidieron a la Corte Suprema que revoque la medida de aseguramiento intramural que mantiene a ambos detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá. Argumentaron que no existe riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia, y que los hechos no justifican la privación de la libertad.
En la misma línea, la defensa de Calle aseguró que el supuesto soborno provino de un préstamo privado otorgado por el exsenador Pedro Castro, sin que se configurara apropiación indebida de recursos públicos. Esta versión fue respaldada por la línea disidente de la magistrada Cristina Lombana, quien consideró que no se afectó directamente el patrimonio estatal.
Aunque Sandra Ortiz evitó dar declaraciones a los medios antes de ingresar a la Corte, su comparecencia representa una pieza clave en la investigación, ya que habría actuado como intermediaria entre los funcionarios de la UNGRD y los entonces congresistas. La Corte destacó su vínculo personal con Iván Name y su participación en la entrega del dinero.
La diligencia se enmarca en el proceso abierto por el alto tribunal sobre la presunta compra de apoyos legislativos con fondos desviados, en lo que constituye uno de los escándalos de corrupción más relevantes en lo que va del Gobierno de Gustavo Petro.
(Colprensa)