Una denuncia presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas ante la Fiscalía General de la Nación advierte sobre una presunta red de injerencia política y contractual que estaría siendo operada por el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, desde su lugar de reclusión en Cali.
Presunto direccionamiento de contratos y decisiones públicas
De acuerdo con el documento, Abadía habría utilizado un número telefónico reportado previamente a la Procuraduría para gestionar el direccionamiento de contratos estatales, influir en nombramientos burocráticos e intervenir en decisiones administrativas en distintas entidades.
Red de intermediarios y operación política
Según la denuncia, estas actuaciones se habrían ejecutado a través de intermediarios, entre ellos Guadalupe Guerrero, Diego Hau y Luz Adrianne Zúñiga, quienes tendrían roles en la gestión de recursos, la coordinación contractual y la presión sobre funcionarios públicos.
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El caso también menciona la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, lo que abre interrogantes sobre posibles fallas en los controles institucionales dentro del centro de reclusión desde donde se habrían facilitado las comunicaciones.
De comprobarse, los hechos podrían configurar delitos como tráfico de influencias, corrupción en contratación pública y captura institucional, lo que implicaría responsabilidades penales y disciplinarias.
