La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) afirmó que siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no han reportado hallazgos de corrupción ni de otra clase, en respuesta a cuestionamientos sobre viajes al exterior y el arriendo de su sede principal.
El balance citado por la JEP
El pronunciamiento de la jurisdicción ubicó los informes de los organismos de control como parte de la discusión sobre el manejo de sus recursos. La entidad sostuvo que ha atendido oportunamente los requerimientos y que mantiene abierta la información sobre los dineros destinados a su funcionamiento y al cumplimiento de sus funciones.
La JEP vinculó los cuestionamientos con las comisiones internacionales de sus funcionarios. Explicó que estas corresponden a invitaciones oficiales para rendir cuentas ante la comunidad internacional sobre el modelo de Justicia Transicional Restaurativa y para participar en espacios judiciales con organismos y entidades dedicados a los derechos humanos y al derecho penal internacional.
Para la jurisdicción, esas actividades se relacionan con el estatus internacional del Acuerdo Final de Paz, depositado ante el Consejo Federal Suizo en Berna y reconocido como documento oficial por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2261. Por esa razón, sostuvo que debe informar a la comunidad internacional sobre su trabajo.
La entidad aseguró que todas las salidas del país están justificadas y que fueron comunicadas a través de sus canales oficiales. También pidió que la información sobre su operación y sus gastos se consulte directamente en esos canales, con el fin de sostener el debate público con datos verificables.
El arriendo y el valor del edificio
La JEP también se refirió al inmueble arrendado donde funciona su oficina principal en Bogotá. Indicó que intentó adquirirlo durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, pero las gestiones ante el Ministerio de Hacienda no avanzaron favorablemente en la primera ocasión y el proyecto posterior recibió un concepto técnico desfavorable del Departamento Nacional de Planeación.
El valor comercial estimado del edificio para 2026 asciende aproximadamente a $288.538 millones, de acuerdo con la JEP. La entidad rechazó que el precio sea de $20.975 millones, pues identificó esa cifra como el valor catastral registrado en 2020 y no como un avalúo comercial.
Al no prosperar los proyectos de compra, la jurisdicción continúa operando en un inmueble arrendado. En su respuesta, recordó además que la OCDE la ha descrito como un ejemplo de transparencia pública y que el Ministerio de Hacienda reportó para el año anterior un 99,3 % de cumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado.
