El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, confirmó este jueves que el país atraviesa una ola de criminalidad sin precedentes, una situación que ya había sido advertida la semana pasada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Esta crisis se intensificó tras el atentado contra la sede de la Fiscalía en Trujillo, la tercera ciudad más importante del país, lo que generó alarma nacional.
Un desafío sin precedentes
Adrianzén, durante una actividad oficial en Piura, enfatizó que el país enfrenta una modalidad de crimen organizado particularmente difícil de combatir.
“Por la singularidad que tiene esto, se presenta la dificultad en enfrentarlo”, declaró. Pese a las adversidades, aseguró que el Ejecutivo está haciendo “todos los esfuerzos” para poner fin a esta crisis.
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Entre las medidas planteadas, el primer ministro destacó que el Gobierno ha enviado al Congreso una serie de propuestas de ley enfocadas en reforzar la lucha contra la delincuencia.
Entre estas, figura la creación del delito de “terrorismo urbano”, una tipificación que busca dotar al Estado de herramientas legales más contundentes para combatir las redes criminales. Adrianzén solicitó el apoyo de los medios de comunicación para sensibilizar al Congreso y acelerar el debate de estas iniciativas.
El plan del Ministerio del Interior
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que el Gobierno implementará un “plan de control territorial” que incluye la incorporación de 1.500 nuevos efectivos policiales, provenientes de las filas del servicio militar. Este refuerzo busca aumentar la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las zonas más afectadas por el crimen organizado.
El atentado en Trujillo
El ataque con explosivos del pasado lunes contra la sede de la Fiscalía en Trujillo puso en evidencia la gravedad de la situación. Según la fiscal general, Delia Espinoza, este atentado estaría vinculado a las investigaciones contra la minería ilegal y otras actividades ilícitas lideradas por redes delictivas.
El Gobierno respondió con medidas enérgicas: desplegar a las Fuerzas Armadas y la PNP en Trujillo, y reforzar la seguridad de jueces y fiscales que investigan el crimen organizado.
Además, cinco sospechosos fueron capturados tras el ataque, con la incautación de municiones y dinamita.
La presidenta Dina Boluarte reafirmó el compromiso de su administración de combatir con “mano dura” a los criminales. Los responsables de sicariatos, extorsiones y asesinatos serán enviados a Challapalca, una prisión de máxima seguridad ubicada en los Andes, a casi 5.000 metros de altura, conocida por su dureza.