En un giro sorprendente, Óscar Camargo Ríos, conocido como alias «Pichi» y apodado el “Pablo Escobar santandereano”, ha logrado fugarse de su hogar en Medellín justo cuando se preparaba para ser enviado nuevamente a una cárcel tras la revocación de su prisión domiciliaria.
La noticia ha sacudido tanto a las autoridades como a la comunidad de Bucaramanga, generando cuestionamientos sobre el manejo judicial de este peligroso delincuente.
La fuga de «Pichi»
La fuga de alias «Pichi» fue confirmada por el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) en la mañana del viernes 11 de octubre.
Según los informes, el Inpec había registrado fotográficamente la presencia de «Pichi» en su domicilio en el exclusivo barrio El Poblado de Medellín el jueves 10 de octubre, antes de que se produjera su evasión.
Se había planeado su traslado a la penitenciaría de Itagüí tras la decisión del juez de revocar su medida de prisión domiciliaria, una acción aplaudida por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien enfatizó la importancia de mantener a delincuentes como «Pichi» tras las rejas.
“Es una buena noticia para Bucaramanga dada su importancia en las estructuras criminales. Los delincuentes deben estar en prisión”, declaró Beltrán.
Un Historial de fugas
Esta es la novena fuga de «Pichi», quien ya había sido beneficiado anteriormente con medidas de casa por cárcel a pesar de un historial de transgresiones.
Condenado por delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, su última medida de libertad había generado gran rechazo en la comunidad, que clamaba por un enfoque más severo ante su historial delictivo.
A pesar de que el Inpec había comprobado su presencia en el domicilio, fue alertado sobre su fuga cuando el brazalete de monitoreo emitió una señal de alerta.
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Evaluaciones a los procesos
La fuga de alias «Pichi» resalta la fragilidad del sistema judicial en Colombia, especialmente en lo que respecta a la concesión de beneficios a delincuentes peligrosos. La comunidad de Bucaramanga se siente insegura, y las autoridades enfrentan la urgente necesidad de revisar sus protocolos de seguridad y monitoreo.
Este caso no solo plantea preguntas sobre la efectividad del sistema penitenciario, sino que también enfatiza la importancia de una justicia que proteja a la sociedad de individuos con un historial tan grave.
NACIÓN LLANERA – Judicial