La captura de Martha Peralta elevó la presión judicial sobre la senadora del Pacto Histórico en la investigación por presuntas irregularidades en la UNGRD. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión en medio de la indagatoria y con el argumento de asegurar su comparecencia a la diligencia que continúa el 19 de junio.
Detención con custodia policial tras la diligencia en la Corte
La Sala de Instrucción ordenó capturar a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú después de su comparecencia ante la Corte Suprema para rendir indagatoria dentro del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la revista SEMANA, la Corte adoptó la medida ante el posible riesgo de que la congresista no se presentara a la continuación de la diligencia, prevista para el 19 de junio a las 8:30 a. m. en el norte de Bogotá. El mismo medio señaló que la senadora quedó en detención en su vivienda, con vigilancia policial permanente, luego de que se flexibilizara la decisión inicial de trasladarla a un centro de reclusión.
El proceso contra Peralta está en manos de la magistrada Cristina Lombana, de acuerdo con SEMANA. En paralelo, el expediente también mantiene la atención pública por sus impactos políticos: la investigación examina presuntos nexos entre contratos, asignación de recursos y respaldos legislativos alrededor de proyectos regionales.
Qué investiga la Corte en el caso UNGRD y el contrato en La Guajira
La investigación de la Corte Suprema se centra en presuntas irregularidades dentro de la UNGRD, entidad señalada en el expediente por un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y manejo indebido de recursos públicos. La Sala de Instrucción analiza si la senadora tuvo algún rol en la gestión o articulación de contratos asociados a proyectos financiados desde esa entidad.
Entre los puntos que revisan los investigadores figura un contrato relacionado con maquinaria amarilla y volquetas para proyectos en La Guajira. SEMANA reportó que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, declaró ante la Fiscalía que la senadora lo habría contactado, supuestamente, para direccionar un contrato para unos “amigos”. Según esa versión, se trataría de una licitación por más de 2.000 millones de pesos destinada a reparar jagueyes en La Guajira, pozos para recolectar agua en el departamento.
Además, SEMANA indicó que en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, también de la Sala de Instrucción, cursa otra investigación contra Peralta por un supuesto direccionamiento de contratos de la UNGRD para su colega Berenice Bedoya, en un contexto de apoyos vinculados a la reforma pensional que se discutía en el Congreso.
La posición de Peralta y la definición de su situación jurídica
Horas antes de comparecer ante la Corte, Peralta publicó un mensaje en el que negó versiones sobre una supuesta imputación, allanamientos o medidas judiciales en su contra. La senadora sostuvo que la indagatoria hacía parte del debido proceso y reiteró que no existía una acusación formal ni una condena en su contra, además de manifestar disposición para colaborar con las autoridades.
Tras la diligencia, se espera que con el cierre de la indagatoria la Sala de Instrucción pueda definir la situación jurídica de la congresista, en un caso que sigue escalando dentro de las investigaciones por el escándalo de la UNGRD.
Peralta es abogada, líder indígena wayúu y senadora elegida en 2022 por la coalición del Pacto Histórico a través del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Su nombre ha ganado visibilidad en el Congreso y ahora queda bajo el foco judicial por el avance de este expediente.
